Santo Domingo, R.D. – Más de cien pequeños y medianos contratistas del sector ingeniería y construcción acudieron al Congreso Nacional con una petición. Esta arrastra décadas de espera, silencios administrativos y consecuencias humanas irreversibles: la regularización de deudas del Estado. Estas deudas corresponden a obras públicas ejecutadas en distintas épocas, algunas desde la década de los años noventa.
Miembros del Codia apoyan una iniciativa legislativa para habilitar un mecanismo excepcional de pago a cargo del Ministerio de Hacienda. El objetivo es liquidar compromisos que el Estado ya reconoce, pero que permanecen estancados debido a trabas burocráticas acumuladas.
Durante más de dos horas, la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado escuchó los planteamientos de una delegación integrada por más de treinta contratistas. Ellos expusieron con rigor técnico, pero también con evidente carga emocional, el impacto que estas deudas han tenido sobre sus vidas profesionales, sus empresas y sus familias.
Se trata, según explicaron, de obras efectivamente ejecutadas, recibidas y hoy en funcionamiento. Muchas de ellas están vinculadas a carreteras, centros educativos, infraestructuras hidráulicas y servicios comunitarios. Obras realizadas en contextos de urgencia o por instrucciones de autoridades competentes en su momento. Sin embargo, la falta de formalización adecuada en distintos períodos administrativos impidió su pago.
Más de 20 ingenieros fallecieron sin cobrar
Uno de los datos más sensibles compartidos ante la comisión fue que más de 20 ingenieros e ingenieras han fallecido a lo largo de estos años sin haber visto saldadas las acreencias derivadas de su trabajo. Esto ha dejado procesos inconclusos que hoy recaen sobre familiares y sucesores. Para muchos de los presentes, la iniciativa representa no solo una solución financiera, sino un acto de justicia largamente postergado.
Tras escuchar los argumentos técnicos, jurídicos y humanos expuestos, la Comisión de Obras Públicas decidió rendir informe favorable a la propuesta. Esta fue canalizada a través del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, quien sometió el proyecto para su conocimiento legislativo.
Los proponentes fueron enfáticos en señalar que la iniciativa no busca confrontación, ni excepciones arbitrarias, sino, cerrar un capítulo histórico pendiente mediante procesos de validación, depuración y control, en apego a los principios constitucionales de legalidad, equidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Asimismo, destacaron que la propuesta contempla mecanismos técnicos y documentales que permitirían verificar cada caso de manera individual. Esto evita precedentes indebidos y fortalece la seguridad jurídica del Estado.
El sector reiteró su confianza en el Congreso Nacional como espacio institucional para atender una situación que no solo involucra balances contables, sino historias de trabajo, servicio público y espera prolongada. Además, expresó su esperanza de que el tema continúe siendo abordado con la responsabilidad y sensibilidad que amerita.
