En la actualidad, el Gobierno transfiere cada año unos 1,800 millones de dólares, equivalente a 1.4% del producto interno bruto (PIB), a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para que estas puedan pagar a las plantas generadoras de energía y evitar los “apagones financieros”.
El deterioro de las finanzas del sector eléctrico responde tanto al rezago del ajuste de la tarifa a los mayores costos de la energía que se compra como a la debilidad operativa de las EDE, reflejada en elevadas pérdidas técnicas y no técnicas.
En el Pacto Eléctrico firmado en 2021 se acordó, entre otras medidas, ajustar la tarifa de electricidad a los costos de la energía adquirida por las EDE. Entre octubre de 2021 y junio de 2022, la Superintendencia de Electricidad aprobó cuatro incrementos tarifarios. El cuarto de ellos, previsto para el trimestre de julio a septiembre de 2022, implicaba que los clientes residenciales enfrentarían un aumento acumulado en su tarifa de entre un 30% y un 50%. Ante las protestas de los consumidores, el gobierno decidió anular el último ajuste y dejar congelada desde entonces la tarifa de electricidad.
Entre 2019 y finales de 2025, el porcentaje de pérdidas de la cantidad de energía adquirida por las EDE subió de un 29% a un 42%. Dicho incremento refleja la incapacidad de las distribuidoras de medir, facturar y cobrar de manera adecuada la electricidad que suministran a los usuarios. Esa ineficiencia operativa, combinada con el aumento del porcentaje de demanda de energía servida (de un 89% a un 98% en ese mismo período), empeoró la situación financiera de las distribuidoras.