Santo Domingo, RD. – La diputada por la provincia Hato Mayor, Carmen Ligia Barceló González, está en el centro del debate público tras proponer establecer un límite máximo de seis meses de salario para el pago de cesantía en la República Dominicana.
Su iniciativa forma parte del proceso de reforma al Código de Trabajo que actualmente se debate en la Cámara de Diputados.
En respuesta a críticas de diversos sectores, Barceló, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), utilizó sus redes sociales para aclarar que su intención no es eliminar este derecho, sino «modernizarlo», para que las micro y pequeñas empresas puedan mantenerse operando. Así, a su juicio, la cesantía no representaría «una carga financiera» excesiva.
¿Quién es Carmen Ligia Barceló?
Carmen Ligia Barceló nació en Hato Mayor del Rey y es hija de Ricardo Antonio Barceló Salas y de Ligia Carmela González Loynaz (fallecida). Está casada con el economista y político Joel Santos, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana desde 2024.
La diputada posee estudios en Comunicación Social y un postgrado en Mercadeo y Dirección Comercial. Antes de incursionar en la política, tuvo experiencia en medios de comunicación.
Ha impulsado iniciativas legislativas relacionadas con la seguridad ciudadana y el bienestar social. Entre sus propuestas destacadas figura el proyecto “Alerta RD”, para agilizar las búsquedas de personas desaparecidas en el país.
Actualmente, Barceló representa a Hato Mayor en la Cámara de Diputados para el período 2024–2028, bajo la bandera del PRM.
Reacciones políticas y sindicales a su propuesta
El vocero del bloque oficialista, Julito Fulcar, aclaró que la propuesta de Barceló no representa la posición oficial del PRM. Subrayó que cualquier modificación al código debe surgir del consenso entre Gobierno, empresarios y sindicatos.
En el plano sindical, Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), afirmó en el programa Despierta con CDN que limitar la cesantía podría debilitar la seguridad laboral. Además, podría constituir un retroceso en las conquistas históricas de los trabajadores.
La iniciativa se inscribe en el proceso de reforma integral al Código de Trabajo vigente desde 1992. Ha suscitado opiniones divididas entre quienes piden actualización y quienes temen la reducción de garantías laborales.
El debate continúa abierto entre las partes involucradas sobre el alcance y las implicaciones de la propuesta de fijar un tope de seis meses para el pago de cesantía.
