Los abogados Lianmy Jackson, Eduardo Tavárez, Kelvin de León Genao y Yaritza de los Santos, representantes de los querellantes en el caso que involucra a los administradores de Barra Payán, afirmaron que el proceso judicial no responde a un conflicto familiar ni a disputas por herencia, sino a un presunto manejo irregular de fondos que podría constituir abuso de confianza.
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica contra los hermanos Marcos y Juan Ismael Frías García, ambos mayores de 70 años, y contra Dagoberto Cabrera, señalado como el financiero, por un supuesto desfalco que ronda los 40 millones de pesos.
Sus representados son accionistas minoritarios de la empresa y han sido excluidos de la administración. También han sido privados de la información financiera y del reparto de dividendos, lo que motivó la querella formal ante el Ministerio Público.
Estas declaraciones se ofrecieron durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. El programa se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m.
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Auditoría y hallazgos preliminares caso Barra Payán
De acuerdo con los abogados, la investigación inició formalmente en 2022. La Fiscalía designó un perito a través de una terna del Instituto de Contadores Públicos Autorizados para auditar las operaciones de la empresa.
Indicaron que, tras varios meses de análisis, el informe pericial determinó un faltante aproximado de entre 39 y 40 millones de pesos en el período evaluado (2019-2022). Entre los hallazgos, mencionaron la emisión de cheques por tres millones de pesos a favor de uno de los imputados bajo el concepto de “saldo préstamo”, así como transferencias por cinco millones de pesos cada una a familiares y al financiero de la empresa bajo el concepto de “custodia de fondos”.
Los abogados sostienen que estas operaciones reflejan un patrón de manejo irregular que habría perjudicado directamente a los socios minoritarios.
Intentos de conciliación y proceso judicial en curso
La defensa de los querellantes aseguró que, durante años, sus clientes intentaron acercamientos para transparentar la administración y alcanzar acuerdos, incluso solicitando en 2016 la designación de un administrador independiente. Sin embargo, alegan que no se implementaron controles efectivos ni se rindieron cuentas claras.
También señalaron que, pese a intentos recientes de conciliación, uno de los imputados habría manifestado su postura. Afirmó que prefería que el caso continuara en manos de la justicia.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de medida de coerción. Los abogados indicaron que solicitarán la ampliación de la investigación más allá de 2022, al advertir que, de mantenerse la misma proyección anual señalada por la auditoría, el monto podría incrementarse significativamente.
Asimismo, expresaron preocupación ante la posibilidad de que, en libertad, los imputados continúen administrando la empresa sin controles. Según afirmaron, esto podría afectar las pruebas y el patrimonio societario.
Los juristas reiteraron que buscan una tutela judicial efectiva, transparencia en la gestión y la protección de la empresa, considerada una marca emblemática del país.