Una jueza de la Primera Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional adjudicó este lunes a la empresa Impacto Urbano dos departamentos propiedad del alcalde Roberto Salcedo.
Carlos Salcedo, abogado del alcalde, explicó que los montos que se pretenden cobrar, más de 31 millones, son producto de un astreinte ordenado en 2004 por una sala que le dio ganancia de causa a la empresa, en un conflicto en contra del ayuntamiento generado por la ocupación de espacios públicos con vallas que, según la alcaldía, no estaban autorizados a colocar.
“Es una aberración desde el punto de vista jurídico porque hay demandas incidentales que harán nulo ese procedimiento de ejecución contra bienes personales de Roberto en ocasión de su gestión…”, dijo Salcedo.
Agregó que Impacto Urbano nunca ha querido firmar un contrato con la institución ni tampoco “ha querido cumplir con lo que las demás compañías han hecho en los espacios públicos, porque deben pagar impuesto y someterse a una serie de condiciones…”.
Una vez Salcedo en la Alcaldía, dice, se inició el proceso para realizar los contratos y cada empresa tenía que cumplir con los requisitos establecidos por la sala Capitular. “Todas las demás empresas están cumpliendo de manera cabal con cada una de las obligaciones que se derivan del espacio público que están utilizando”, aseguró.
Los inmuebles adjudicados son los departamentos 1-B y 3-B del condominio Torre Romanza, del Distrito Nacional, propiedad del alcalde. También se ordenó al funcionario salir de los inmuebles una vez sea notificada la ejecutada de la decisión.
Impacto Urbano
Sin embargo, Rafaela Espaillat, del bufete que representa a Impacto Urbano, explicó a elCaribe que estando la empresa autorizada a tener sus vallas arbitrariamente le fueron sacadas, lo que fue condenado mediante una sentencia de amparo en 2004.
“Al no ejecutar la sentencia de amparo ordenándoles la reinstalación, entonces se le impuso un astreinte de 10 mil pesos diarios por cada día de retardo en colocar las vallas, pasó el tiempo y esa suma se fue acumulando, al final nosotros demandamos la liquidación y por el no pago se le ejecutaron los inmuebles a Roberto salcedo”, dijo.
Indicó que se le ejecutan sus inmuebles porque “él es el ejecutivo municipal y responsable de darle ejecución a las obligaciones del ayuntamiento, porque la institución había autorizado las vallas y arbitrariamente en su gestión se sacaron, él (Salcedo), tenía que hacer lo que las sentencias le ordenaban”.
Según Espaillat, el astreinte fue liquidado en casi 28 millones de pesos y por una deuda de uno de los departamentos la suma ascendió a más de 31 millones.
Informó que al no haber licitadores en audiencia los inmuebles se le adjudicaron al persiguiente (Impacto Urbano) y que en un plazo de 10 días, si no hay compradores, la adjudicación será definitiva.
La Constitución en el artículo 148 expresa que: “las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.
