Durante el período 2024-2026 del segundo gobierno del presidente Luis Abinader, han surgido una serie de denuncias y procesos vinculados a actos de corrupción administrativa que ha motivado la cancelación de algunos funcionarios
A pesar de que este gobierno se caracterizó por manifestar su lucha contra la corrupción, estas acciones no lo hicieron escapar de algunos hechos en su segundo período.
En el Seguro Nacional de Salud se detectaron irregularidades en compras de insumos y manejo de fondos. Esto llevó al presidente a remitir un informe al Ministerio Público para investigación penal.
Esto llevó a la destitución de su director ejecutivo, Santiago Hazim, el 13 de agosto de 2025. El exfuncionario ahora, junto a otros que ocuparon cargos directivos en Senasa, cumple con una medida de coerción de prisión preventiva y otros con domiciliaria.
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El Instituto Tecnológico de las Américas vivió un escándalo cuando su rector, Rafael Féliz García, lo destituyeron por presuntas prácticas irregulares, incluyendo deducciones no autorizadas a empleados y discrepancias significativas en su patrimonio.
El presidente Abinader canceló al rector del ITLA, decisión que se oficializó mediante decreto, tras la presión pública y los señalamientos sobre mala conducta administrativa.
Además de estos casos concretos, el Gobierno prometió que funcionarios que no entreguen su declaración jurada de bienes en tiempo y forma los sustituirán. Esto como parte de las medidas de transparencia.
Paralelamente, las instituciones estatales encargadas de investigar y sancionar hechos de corrupción han fortalecido sus mecanismos:
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental ha recibido y procesado múltiples denuncias que, cuando ameritan, son remitidas al Ministerio Público para acción penal.
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Por: Yanela Pimentel.
