Las denuncias sobre un presunto “cartel del fraude inmobiliario” han encendido las alarmas en distintas provincias del país. Abogados y afectados aseguran que existe una estructura organizada que estaría operando para despojar a ciudadanos de sus propiedades mediante maniobras legales y administrativas que aparentan ser legítimas.
Según los denunciantes, el esquema incluiría la manipulación de procesos judiciales, la creación de deudas ficticias, la utilización de testaferros y la presunta falsificación de documentos para ejecutar embargos y transferencias de títulos. Las zonas más mencionadas son Santo Domingo Este, Santiago de los Caballeros, Punta Cana, Higüey y, más recientemente, Miches.
El caso ha tomado mayor notoriedad tras la denuncia pública del abogado Guillermo Manuel Nolasco y la presentación de varios expedientes judiciales que, según afirma, evidencian una práctica sistemática que estaría afectando la seguridad jurídica y la confianza en el sistema registral.
Luego de un reportaje presentado por la periodista Julissa Cespedes para su programa Reporte Especial, que se transmite por CDN los domingos a las 9:00 pm, aquí te explicamos el caso con preguntas y respuestas.
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1. ¿Qué es el llamado “Cartel del Fraude Inmobiliario”?
El “Cartel del Fraude Inmobiliario” es el nombre con el que abogados y presuntas víctimas han identificado una supuesta estructura organizada dedicada a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles. No se trata de un caso aislado, sino de una presunta red que operaría de forma sistemática utilizando herramientas legales, procesos judiciales y documentos aparentemente válidos para despojar a propietarios legítimos de sus terrenos o viviendas. Las denuncias sostienen que estas acciones afectan la seguridad jurídica y la confianza en el sistema registral dominicano.
2. ¿Cómo operaría esta supuesta estructura? (modus operandi)
Según los expedientes y denuncias públicas, el esquema comenzaría con la identificación de propiedades con alto valor comercial o ubicadas en zonas de desarrollo. Luego se crearían deudas ficticias o se iniciarían procesos judiciales con documentación alterada. En otros casos, se falsificarían actos de venta o firmas de propietarios para simular transferencias legítimas. Finalmente, el inmueble pasaría por varias manos en poco tiempo para dificultar su recuperación legal y dar apariencia de “compra de buena fe”.
3. ¿Quiénes integrarían la red?
Las denuncias apuntan a la posible participación de distintos actores del ámbito inmobiliario y legal. Se menciona a abogados, notarios, agrimensores y presuntos empleados vinculados al sistema de Registro de Títulos. La acusación sostiene que estas personas actuarían de forma coordinada para cumplir funciones específicas: elaboración de documentos, certificaciones técnicas, validación notarial y registro oficial de las transferencias.
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4. ¿Por qué se menciona a Miches en las denuncias?
Miches ha sido señalada como un nuevo foco debido al auge turístico que ha incrementado significativamente el valor de los terrenos. Según las denuncias, las zonas en expansión representan una oportunidad para este tipo de maniobras fraudulentas, ya que muchas propiedades han aumentado su valor en poco tiempo y pertenecen a personas que no residen permanentemente en el lugar.
5. ¿Cuál es el caso de Eunice Altagracia de la Cruz? (uno de los casos presentados)
Eunice Altagracia de la Cruz adquirió en 2003 un solar de 1,000 metros cuadrados en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este. Más de dos décadas después, descubrió que su propiedad había sido transferida sin su conocimiento. Según su denuncia, nunca firmó ningún acto de venta ni autorizó a terceros a disponer del inmueble.
6. ¿Cómo se produjo la transferencia del inmueble? (caso Eunice Altagracia de la Cruz – afectada)
De acuerdo con los documentos depositados ante los tribunales, el solar fue transferido en enero de 2024 por un valor de RD$2.3 millones y posteriormente vendido en marzo a una empresa por RD$36 millones. La rapidez de las transacciones y la diferencia en el valor comercial han sido señaladas como elementos sospechosos dentro del proceso.
7. ¿Qué hizo la propietaria al enterarse? (caso Eunice Altagracia de la Cruz – afectada)
Al detectar la situación, la afectada interpuso una demanda en nulidad de venta ante el Tribunal de Tierras, así como una querella penal y civil contra los presuntos responsables. También solicitó investigaciones técnicas para determinar la autenticidad de las firmas contenidas en los actos de transferencia.
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8. ¿Qué determinó el peritaje del Inacif?
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó un análisis caligráfico comparando las firmas cuestionadas con muestras auténticas de la propietaria. El resultado concluyó que las firmas contenidas en los actos de venta no coinciden con su escritura real, lo que refuerza la hipótesis de falsificación documental.
9. ¿Qué decisión tomó el Ministerio Público?
El Ministerio Público emitió un dictamen de admisibilidad parcial. Consideró que algunos involucrados podrían haber actuado como compradores de buena fe y archivó provisionalmente esa parte del expediente. Sin embargo, la investigación fue ampliada posteriormente por orden judicial para profundizar en las responsabilidades individuales.
10. ¿Existen antecedentes de algunos señalados?
Se ha señalado que uno de los mencionados en el expediente fue vinculado anteriormente a una investigación por delitos financieros. Aunque estos antecedentes no constituyen una condena en este caso, forman parte de los elementos citados por los denunciantes para sustentar sus sospechas.
11. ¿Hay otros casos similares?
Sí. Abogados han presentado denuncias adicionales donde alegan falsificación de documentos, suplantación de identidad y transferencias irregulares de inmuebles. Estos casos presentan patrones similares, lo que ha fortalecido la narrativa de que no se trataría de hechos aislados.
12. ¿Qué irregularidades se habrían cometido en ese segundo caso?
En uno de los expedientes más recientes, se denuncia que una persona habría asumido la identidad del propietario legítimo para gestionar un proceso de deslinde y transferir el inmueble. Además, se habría atribuido falsamente la condición de abogado para presentar documentación ante las autoridades competentes.
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13. ¿Qué impacto tiene esto en el sistema judicial?
Los tribunales de tierras enfrentan una carga considerable de litigios relacionados con disputas de propiedad. Estos procesos pueden extenderse durante años, afectando a propietarios que deben asumir costos legales elevados mientras intentan recuperar sus bienes.
14. ¿Qué dicen los abogados sobre la seguridad jurídica?
Juristas advierten que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para la inversión inmobiliaria y el desarrollo económico. Señalan que la confianza en el Registro de Títulos y en los tribunales es esencial para garantizar estabilidad en el mercado y proteger los derechos de propiedad.
15. ¿En qué punto se encuentran los procesos?
Las investigaciones continúan abiertas y varios casos están en distintas etapas judiciales. Las víctimas reclaman celeridad en los procesos y mayor rigor en los controles registrales. Mientras tanto, el tema sigue generando debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en el sistema inmobiliario nacional.
