Santo Domingo, RD.- El hacinamiento en los centros de detención preventiva retorna al centro del debate judicial en República Dominicana luego de que la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) denunciara la situación en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.
La institución reveló que las condiciones en el destacamento policial de Alma Rosa vulneran derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
La acción legal fue presentada luego de una inspección realizada el 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames. Durante la visita verificaron que 85 personas permanecían recluidas en un espacio concebido únicamente para detenciones temporales, situación que, según la Defensa Pública, representa un claro caso de hacinamiento e insalubridad.
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El informe establece que de los 85 detenidos, 27 permanecían a la espera de medidas de coerción y otras gestiones procesales ante el Ministerio Público.
Personas incluso con medidas de coerción suman al hacinamiento
Sin embargo, el dato que más preocupa es que otras 58 personas ya habían recibido medidas de coerción dictadas por los tribunales, pero continuaban recluidas en el destacamento debido a retrasos administrativos para su traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.
Esta realidad evidencia uno de los principales cuellos de botella del sistema de justicia penal: los destacamentos policiales, diseñados para albergar personas durante períodos muy cortos, terminan funcionando como centros de reclusión prolongada. La falta de espacio, ventilación adecuada, acceso a servicios sanitarios y condiciones mínimas de higiene incrementa el riesgo para la salud y la seguridad tanto de los detenidos como del personal policial.
Esta situación, no es única del destacamento de Alma Rosa, sino que se trata de una verdad que grita a voces en la mayoría de centros de detenciones de República Dominicana.
Esto muy a pesar de que, la Constitución dominicana reconoce el derecho a la dignidad humana y prohíbe cualquier trato cruel, inhumano o degradante, destaca que a pesar de que la persona se encuentre privada de libertad es imperante que se les reconozcan sus derechos.
Asimismo, diversos tratados internacionales suscritos por el país establecen que toda persona privada de libertad debe permanecer en condiciones compatibles con el respeto a sus derechos fundamentales, independientemente del delito que se le impute.
Principales cuasas del hacinamiento en destacamentos
Especialistas en derecho penal ponderan que el hacinamiento no solo constituye un problema de infraestructura, sino también de gestión institucional.
Los retrasos en los traslados, la sobrepoblación de los centros penitenciarios y la limitada coordinación entre las distintas entidades del sistema de justicia contribuyen a que las celdas preventivas permanezcan ocupadas por personas que ya deberían estar bajo custodia del sistema penitenciario.
La Defensa Pública reitera que mantener a personas con medidas de coerción en destacamentos policiales desnaturaliza la finalidad de estos espacios y afecta el debido proceso.
También aclara que, dificulta el acceso de los detenidos a condiciones básicas de alimentación, atención médica y comunicación con sus familiares y representantes legales.
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Hoy resuena el caso de Alma Rosa, pero en los últimos años, distintos informes de organismos nacionales e internacionales han advertido sobre el uso prolongado de celdas preventivas en diversos destacamentos del país, una práctica que se repite principalmente cuando los recintos penitenciarios operan por encima de su capacidad o existen retrasos en los procedimientos de traslado.
Con la acción de amparo, la Oficina Nacional de Defensa Pública busca que un tribunal ordene la adopción de medidas que garanticen condiciones dignas para los detenidos y que las autoridades responsables agilicen los traslados hacia los centros penitenciarios correspondientes.
Mientras el tribunal conoce la solicitud, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
