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Participación Ciudadana pide que el Código Penal entre en vigor al concluir el vacatio legis

Santo Domingo. Participación Ciudadana consideró que el nuevo Código Penal debe entrar en vigor una vez concluya el período de vacatio legis, pese a reconocer que la normativa fue aprobada con importantes debilidades que requieren ser corregidas.

La organización de la sociedad civil sostuvo que extender el plazo para la entrada en vigencia del Código Penal no sería un precedente adecuado para el sistema legislativo. En ese sentido, planteó que las modificaciones necesarias pueden realizarse tanto antes como después de que la ley comience a aplicarse.

La entidad señaló que las fallas de la legislación pueden subsanarse por el propio Congreso Nacional mediante una reforma puntual o a través de decisiones del Tribunal Constitucional, que ya conoce varias acciones relacionadas con el contenido de la norma.

Entre los aspectos que considera prioritarios figura la incorporación de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo. Esto con el objetivo de proteger la salud y la dignidad de las mujeres.

Asimismo, reiteró la necesidad de despenalizar los delitos de difamación, injuria y ultraje, al entender que esa medida fortalecería la libertad de expresión, el derecho a la información. También el ejercicio del periodismo, en consonancia con las tendencias jurídicas internacionales.

Nuevo Código Penal incorpora decenas de delitos

Participación Ciudadana destacó que la nueva legislación introduce cerca de 70 tipos penales que no estaban contemplados en el marco legal anterior.

Entre ellos figuran delitos relacionados con la violencia de género e intrafamiliar, el feminicidio y los cibercrímenes. También los delitos tecnológicos, los ilícitos financieros, la corrupción administrativa y el sicariato. Además del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el autosecuestro y la obstrucción de la justicia.

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En materia de corrupción, el Código Penal establece sanciones para nuevas conductas ilícitas, entre ellas el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y la alteración de precios. Además de los acuerdos ilícitos entre comerciantes, la sobrevaluación ilegal y el pago irregular en contratos administrativos.

Además, dispone que cuando una misma conducta configure varios delitos, podrán imponerse las penas correspondientes a cada una de las infracciones, mientras que los delitos contra el patrimonio público tendrán un plazo de prescripción de 20 años.

Esperan que el Congreso corrija los errores

La organización informó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley para corregir las deficiencias identificadas en el Código Penal.

En ese contexto, expresó su expectativa de que la propuesta se presente cuanto antes al Congreso Nacional para su conocimiento y aprobación.

Participación Ciudadana concluyó que el Poder Legislativo debe asumir la responsabilidad de corregir los errores detectados en la normativa. Esto sin retrasar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, cuya aplicación está prevista para agosto de este año.

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