Santo Domingo, RD.– La República Dominicana se estremeció ante el crimen que costó la vida a una niña de siete años, víctima de torturas y maltrato continuo de manos de su tía JoKatie Coronado de la Cruz y de la pareja de esta, Jader Montero Medina, en el sector Los Guandules del Distrito Nacional.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes presentó la cronología mortal de la tragedia inició en abril de 2025, cuando la madre de la menor, Stephanie Morla Coronado, en medio de la precariedad económica, entregó la custodia temporal de la niña a su tía con la esperanza de que recibiera mejores condiciones de vida y oportunidades de educación.
Durante los primeros meses, las videollamadas mostraban a la pequeña sonriente, pero con el tiempo la comunicación se interrumpió. Las evasivas se hicieron frecuentes, hasta que en julio y agosto el silencio ocultó un infierno: encierro, golpes, quemaduras y laceraciones acumuladas en el cuerpo de la menor.
En agosto se recibió la triste llamada
El 16 de agosto de 2025, JoKatie Coronado llamó a familiares alegando que la niña convulsionaba. Al llegar, encontraron a la pequeña inconsciente. Recibió atención médica, pero los galenos confirmaron su muerte. La autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reveló síndrome de maltrato infantil prolongado, descartando cualquier accidente doméstico.
Coronado fue arrestada de inmediato y posteriormente Montero Medina también preso en su lugar de trabajo. Según la acusación, aunque no ejecutaba las agresiones, grababa y fotografiaba los abusos, convirtiéndose en cómplice.
Este crimen refleja las fallas estructurales de un sistema que no da seguimiento a custodias informales, ni cuenta con mecanismos efectivos de supervisión. La niña murió atrapada entre la negligencia familiar y la ausencia del Estado.
“Yo sólo quería que estuviera mejor, que no pasara hambre y que estudiara”, dijo entre lágrimas la madre de la pequeña. Mientras la abuela lamentaba no haberla acogido en casa, aunque fuese a dormir en el piso.
El caso abre un debate urgente sobre la necesidad de reforzar las políticas de protección infantil en el país. Esto, para que ningún niño o niña se condene a la violencia y al abandono.