El programa de investigación Desclasificado con la periodista Addis Burgos, presentó otra denuncia que cuestiona la metodología que utiliza el Grupo Pero para cobrar deudas de mantenimiento a propietarios de departamentos. Esta vez, la señora Beneranda Torres habló de la dura batalla judicial que enfrenta para no ser despojada de su propiedad.
Beneranda Torres, es una propietaria en disputa por su apartamento, denuncia que ha sido víctima de un proceso judicial oscuro y confuso. Una supuesta deuda de mantenimiento se ha convertido en la excusa perfecta para que abogados del Grupo Pero, utilicen oportunidades de la ley de condominio, para querer despojarla de su propiedad.
“Yo compré en el año 2020 dos pequeños apartamentitos en un modesto residencial, el residencial Miguelina”, empezó relatando Beneranda al espacio televisivo de CDN.
La denunciante detalló que la historia empezó con una supuesta deuda de mantenimiento que a su entender fue inflada y manipulada para llevarla a una situación de acorralamiento.
“Dicen que el que me vendió a mi tenía una deuda de 100 mil pesos, ellos me abordaron y yo le dije que no había problemas que quien me vendió a mi es una persona jurídica solvente”, explicó a Desclasificado con Addis Burgos.
Propietarios cuestionan la metodologia
Sin pruebas concretas de esa deuda ni actas de asambleas que completen los procedimientos del rigor de la ley, Beneranda Torrez acusa a estos abogados de iniciar un proceso que busca apropiarse de los dos apartamentos que adquirió legítimamente, la unidad A-2 y B-2 del edificio Miguelina, ubicado en el sector de Gazcue en el Distrito Nacional.
Beneranda Torres, es una de las tantas víctimas de un esquema donde la ley, en lugar de proteger al débil, parece facilitar su despojo. Para ella, no se trata solo de recuperar sus apartamentos, sino de exponer un sistema que permite que los derechos de los ciudadanos comunes sean pisoteados por aquellos que saben aprovechar los vacíos de la ley.
El enfrentamiento legal que inició con la cobranza de 100 mil pesos hoy es presentado por los abogados como una deuda de 445,525.00 por costos y honorarios.
“El daño que te causa una inscripción de privilegio sin el mínimo de los requisitos legales es enorme,” relató en Desclasificados con la periodista Addis Burgos.
¿La razón?
Un conflicto luego que tres propietarios del edificio de seis apartamentos entregaran poderes a abogados de Grupo Pero para hacer la cobranza de un monto que alegadamente debían los apartamentos antes de ella obtenerlos, no hay ningún recibo, ni hubo cobranza de ese supuesto pendiente a la Inmobiliaria Rayliani, sociedad comercial a la que compró, y a nombre de quien permanecen resultado del estancamiento de su solicitud de traspaso de título.
“Por conducto de la abogada Aleisa Peguero ellas hicieron una solicitud al registro de títulos de una inscripción hipotecaria en contra de esos dos apartamentos“, revelo Beneranda Torres en Desclasificado.
Uno de los puntos más controversiales de su denuncia es la manera en que se ha constituido la directiva del alegado consorcio de condominio. Según la Ley 5038, sólo un administrador puede representar a un condominio. Sin embargo, en el caso del «Condominio Miguelina», dos mujeres, Zoraida García y
Gisela Dominga Pérez, se han presentado como co-administradoras.
Por lo que este doble nombramiento es ilegal, ya que la normativa no permite la coexistencia de dos administradores en un edificio de tan sólo seis apartamentos. Además, Torres asegura que la asamblea que supuestamente las nombró no fue convocada de manera legítima, y que tanto ella como otro propietario no fueron informados ni firmaron el acta.
