Santo Domingo.- Más de 140 años han pasado desde que la República Dominicana adoptó un Código Penal basado en el modelo francés napoleónico, vigente desde 1884. Pese a los múltiples intentos de reforma, el país sigue atrapado en una legislación penal que ya no responde a los desafíos del siglo XXI.
La historia del sistema penal dominicano ha estado marcada por avances y retrocesos. Con la aprobación del Código Procesal Penal en 2002 (Ley 76-02), se introdujo el modelo acusatorio, oral, público y contradictorio. Fue considerado una revolución institucional para la justicia. Entró en vigencia en 2004 con la promesa de fortalecer los derechos del imputado, mejorar la transparencia procesal y reducir la prisión preventiva.
Sin embargo, los problemas estructurales nunca se resolvieron del todo. El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes presentó como las deficiencias de recursos, falta de formación técnica y exceso de audiencias sin resultados han hecho que más del 50% de los casos penales se archiven sin llegar a juicio. A esto se sumó una dura estocada jurídica: en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 1015 que había reformado el código en 2015, eliminando 111 artículos esenciales.
Urge un nuevo código penal
Hoy, el país se enfrenta a una cuenta regresiva institucional: si no se aprueba una nueva legislación antes de finales de 2025. El sistema de justicia penal quedará sumido en un vacío legal de consecuencias impredecibles. La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, advirtió de la urgencia de dotar al país de un nuevo Código Penal que responda a las nuevas formas delictivas y al marco moderno de derechos humanos.
La ciudadanía, por su parte, también reclama un nuevo marco legal que enfrente el feminicidio, la corrupción, los delitos cibernéticos y el crimen organizado. Pero el debate político y social en torno a temas como las tres causales del aborto ha trabado la reforma por más de dos décadas.
El Código Penal dominicano no solo necesita una actualización. Si no que requiere una transformación que garantice justicia efectiva, derechos humanos y Estado de derecho en tiempos donde el crimen ya no espera y la justicia no puede dormirse.