Este lunes 11 de septiembre, hace 50 años, un violento golpe de Estado acabó con la democracia en Chile, una de las más estables de América Latina, puso fin de manera abrupta a la tradición de las fuerzas militares chilenas de no involucrarse en la política y marcó el comienzo de una dictadura despiadada de 17 años.
Salvador Allende, el presidente socialista de Chile, se había embarcado en una agenda ambiciosa que incluyó la nacionalización de la industria de cobre, la redistribución de tierras y el control estatal sobre otras industrias estratégicas y los bancos.
A medida que la economía se salía de control y la polarización política alimentaba una violencia cada vez mayor, empresarios, políticos conservadores, profesionales y algunos gremios presionaron para que los militares actuaran.
Conspiración civil y militar
La conspiración civil y militar para derrocar el gobierno de Allende, con la ayuda del financiamiento y las operaciones encubiertas de la CIA para desestabilizar el país, culminó en un sangriento golpe de Estado, del tipo del que los chilenos, a diferencia de otros países latinoamericanos, nunca habían experimentado.
Décadas después, la izquierda y la derecha siguen culpándose mutuamente por el colapso de la democracia. Lejos de las promesas de “¡nunca más!” pronunciadas por algunos líderes militares, algunos desde la derecha justifican el golpe y minimizan las violaciones de derechos humanos que le siguieron. Este mes, líderes de la oposición de derecha se negaron a suscribir un compromiso con la democracia promovido por el gobierno y rechazaron participar en los eventos oficiales del aniversario.
Allende en el palacio presidencial
El 11 de septiembre de 1973, Allende se negó a abandonar el palacio presidencial, a pesar de las amenazas de la fuerza aérea de que lo bombardearía si no se rendía. Las fuerzas armadas y la policía ya tenían el control del centro de Santiago, la capital. La marina había puesto en marcha el golpe de Estado temprano esa mañana en el puerto costero de Valparaíso. Mientras que la fuerza aérea soltó misiles sobre un puñado de estaciones de radio de izquierda en Santiago.
Ya para el mediodía se había bombardeado al Palacio de La Moneda, y el fuego resultante se propagó rápidamente por sus pisos, techos y vigas de madera.
Decenas de asesores, médicos, ministros de gobierno, secretarias, detectives, guardaespaldas personales y dos de las hijas de Allende permanecieron a su lado. Algunos miembros del gabinete salieron a pie para negociar con los militares y fueron arrestados. Allende consiguió una breve tregua para permitir que algunas personas salieran. Los guardaespaldas del presidente y el propio Allende intentaron repeler el levantamiento, pero fue claramente inútil.
La mañana del golpe
Allende, médico de formación pero político de carrera y miembro del Congreso durante 25 años, lo eligieron democráticamente en 1970. La mañana del golpe, antes de que la última estación de radio leal al presidente fuera silenciada, pronunció una sombría despedida: “Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.
Posteriormente, cientos de funcionarios gubernamentales, líderes políticos y militantes de izquierda locales los enviaron a la Isla Dawson, un lugar remoto en el estrecho de Magallanes, donde los sometieron a trabajos forzados y torturas.
Conspiración para derrocar al presidente
Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas y de la policía llevaban meses conspirando para derrocar al presidente. Pero el general Augusto Pinochet se unió a la conspiración apenas dos días antes.
Pinochet había ascendido a comandante en jefe del ejército semanas antes, remplazando al general Carlos Prats, conocido por su apego a la Constitución y que se vio obligado a dimitir. Pinochet, quien se había reservado sus opiniones políticas, también considerado un oficial “constitucionalista” y contaba con el apoyo de Allende.
Según una investigación judicial, en septiembre de 1974, bajo las órdenes de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) asesinó a Prats y su esposa tras colocar una bomba bajo su auto en Buenos Aires, Argentina, donde se había ido al exilio.
Junta militar
Aunque la junta militar había acordado rotar su liderazgo, comenzando con Pinochet, en 1974 este se ascendió al rango, hasta ese momento inexistente, de “capitán general”, y se proclamó el líder supremo de la nación y presidente de la república.
Durante casi 17 años, Pinochet concentró todo el poder político y militar y fue, en última instancia, responsable de las violaciones generalizadas de derechos humanos desatadas por las fuerzas armadas y los organismos clandestinos de inteligencia bajo su control.
Más de 2000 personas murieron bajo tortura, fueron ejecutadas o asesinadas por otros medios, y casi 1500 fueron desaparecidas, según informes emitidos por comisiones de la verdad creadas por el gobierno de Chile.
La mayoría de las muertes o desapariciones de simpatizantes de Allende se produjo en los meses siguientes a su derrocamiento, pero la represión política continuó hasta el fin del régimen militar. En agosto, el presidente actual de Chile, Gabriel Boric, político de izquierda y admirador de Allende, autorizó un plan para buscar a las 1469 personas que siguen desaparecidas.
