Rumanía .— El gobierno de Rumanía se ha embarcado en una peligrosa misión: encontrar una forma legal y políticamente aceptable de despenalizar algunas formas de corrupción institucional.
Primero el gobierno intentó hacer el cambio imponiendo un decreto de emergencia sin debate público. La iniciativa tuvo un efecto demoledor, con manifestaciones masivas en la capital, Bucarest, y otras grandes ciudades que forzaron al gobierno a dar marcha atrás.
La popularidad del gobierno de izquierdas que llegó al poder hace dos meses ha caído tan rápido que sus líderes vieron el lunes la necesidad de asegurar que no renunciarán aunque continúen las protestas. El primer ministro dijo que la nueva propuesta se debatirá en el Parlamento.
¿Hay una vía legal y viable a nivel político para que el gobierno alcance su objetivo de suavizar las normas anticorrupción para funcionarios públicos? Los expertos señalan que el Parlamento puede aprobar la ley, y el texto podría entrar en vigor si el presidente la firma, pero que la tarea política de recabar apoyos para ello es más complicada.
El gobierno cometió un desliz estratégico con su decreto de emergencia, señaló Laura Stegan, especialista rumana anticorrupción que forma parte del grupo de estudios sobre política pública Expert Forum en Bucarest. La medida habría tolerado el abuso de poder por parte de los funcionarios —desde el alcalde de un pueblo pequeño a un ministro del gobierno— si el desfalco suponía menos de 48.500 dólares.
«Es simplemente indefendible», dijo Stefan. «¿Cómo le explicas a la gente de este país, que quizá no gane 50.000 dólares en su vida, que está bien que los funcionarios públicos abusen de su cargo para conseguir menos de 50.000 dólares del presupuesto del estado?».
El gobierno no ha dado una explicación concreta de por qué hace falta esa ley, aunque un ministro dijo que alinearía la legislación del país con la de otras naciones europeas. Además, el decreto habría tenido efecto retroactivo para funcionarios ya condenados por delitos de corrupción relacionados con menos de 48.500 dólares.
Esa cifra mínima no se aplicaría si el dinero fue robado, en cuyo caso se seguiría procesando como robo, pero sí a malversación de fondos públicos, mordidas en compras o contratos y otras actividades ilícitas en instituciones públicas. También se aplicaría a funcionarios que han ocultado intereses en empresas que fundaron y a las que contrataron cuando ocupaban un cargo público.
Un posible beneficiario sería el líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, que vio sus aspiraciones de llegar a primer ministro frustradas por acusaciones de corrupción. Su partido disfruta de un amplio apoyo en el Parlamento, lo que da esperanzas a sus partidarios de que la medida pueda aprobarse pese a la sonora oposición en las calles.
Transparencia Internacional, un grupo que hace campaña en favor del aperturismo a nivel gubernamental, ha criticado tanto la forma en la que se impuso la medida de emergencia lejos de la mirada del público como el contenido de la propuesta que ahora se espera debatir en el Parlamento.
Muchos manifestantes dijeron que pensaban continuar con las protestas de cada noche hasta que el gobierno renuncie, a pesar de la retirada el domingo del decreto de emergencia.
