Keiko Fujimori se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyera el cómputo del 100 % de los votos. La candidata de Fuerza Popular obtuvo 9,223,396 sufragios válidos, equivalentes al 50.135 %, frente a los 9,173,755 votos, o 49.865 %, alcanzados por Roberto Sánchez.
Una elección definida por menos de 50,000 votos
La diferencia final fue de 49,641 votos, uno de los márgenes más estrechos en una elección presidencial peruana. El resultado cerró varias semanas de incertidumbre política, revisión de actas observadas y disputas entre ambas campañas en torno a la validez de parte del proceso electoral.
Fujimori, quien había perdido tres elecciones presidenciales anteriores, logró esta vez una ventaja decisiva gracias a su desempeño en Lima y al respaldo de los peruanos residentes en el exterior. El voto extranjero resultó determinante en una contienda marcada por la polarización entre dos proyectos políticos opuestos.
Roberto Sánchez obtuvo un fuerte apoyo en regiones rurales, zonas andinas y comunidades históricamente excluidas de la dinámica económica peruana. Sin embargo, ese respaldo no fue suficiente para superar la diferencia acumulada por Fujimori en la capital y en los centros de votación fuera del país.
Impugnaciones y un país dividido
La campaña de Sánchez cuestionó el procesamiento de votos emitidos en consulados peruanos y solicitó la anulación de parte de esas actas. Las autoridades electorales y la Cancillería peruana rechazaron las acusaciones de irregularidades y sostuvieron que los procedimientos aplicados contaban con autorización institucional.
El cierre del conteo no elimina la tensión política en Perú. Sánchez ha advertido que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori mientras mantenga sus denuncias sobre el voto en el extranjero, una postura que anticipa nuevas movilizaciones y un escenario de confrontación política.
Fujimori llegará al poder con el desafío de gobernar un país profundamente dividido, golpeado por años de inestabilidad institucional, crisis de representación y conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. Su primera prueba será convertir una victoria electoral mínima en una administración capaz de construir legitimidad más allá de su base política.
