BBC Mundo. «¿Juegas fútbol americano?», le pregunta de repente el juez John M. Bryant a Luis, un guatemalteco de 18 años que está a la espera de ser deportado.
Es una pregunta atípica para una corte migratoria como la de Arlington, en Virginia, donde cada día está en juego la suerte de decenas de personas que llegaron a Estados Unidos sin papeles, en gran medida provenientes de América Latina.
Acá se lleva a cabo un ritual: el juez Bryant llama a los inmigrantes por un número de tres dígitos que los identifica -135, 189, 676, 605- y ellos se levantan, cruzan la sala en silencio, se sientan frente a él y le exponen su caso en español, con ayuda de una intérprete.
Así, una y otra vez, en esta habitación sin ventanas e iluminada por bombillos fluorescentes, donde se evidencia una de las facetas más tortuosas de la experiencia migratoria: la espera.
Luis es el número 819. Lo acompaña su padre, César, que tiene 56 años y vive desde 2006 como indocumentado en Estados Unidos. Su hijo llegó hace uno, tras cruzar durante casi dos semanas desde su país hasta el estado de Texas, donde se entregó a los agentes fronterizos.
Ninguno de los dos habla inglés y Luis responde con monosílabos, en voz baja, a las preguntas que le hace el juez: sí, el caballero a su lado es su padre; sí, vive con él; tiene 18 años; está en décimo grado.
Y no, no juega fútbol americano. Luis tampoco esperaba esa pregunta en su primera audiencia de deportación.
Miles de casos. Con comentarios casuales como ese, el juez Bryant quiere tal vez ponerle algo de color a lo que parece una dinámica aséptica en un lugar impersonal.
La corte queda en un edificio sin identificación de Arlington, a un paso de Washington, en un segundo piso a donde entran y salen inmigrantes con sus abogados, jueces y personal de seguridad.
Desde afuera, es casi imposible saber que acá se resuelve el futuro de miles de personas, entre ellas los menores no acompañados de Centroamérica que protagonizaron el año pasado una crisis en la frontera mexicano-estadounidense.
Las llegadas desde entonces han disminuido, según el gobierno, pero la crisis se trasladó a las 59 cortes migratorias del país que deben resolver el estatus de los inmigrantes.
El problema es que en todo Estados Unidos hay 222 jueces migratorios, pero hay 431.468 casos pendientes, según le cuenta a BBC Mundo Dana Leigh Marks, la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios.
Eso significa que cada juez debe resolver en promedio 1.943 casos, calcula Marks, quien pide dejar en claro que no representa al Departamento de Justicia.
El año pasado, la patrulla fronteriza detuvo a miles de inmigrantes indocumentados.
De ahí que la situación de muchos inmigrantes se postergue una y otra vez sin final aparente.
En la corte de Arlington, por ejemplo, un indocumentado salvadoreño salió con su nueva audiencia para el 2 de mayo de 2018, a las 9 de la mañana.
Y esa no es la fecha más lejana: funcionarios de la corte le dijeron a BBC Mundo que cuentan con apenas cuatro jueces para 19.471 casos pendientes y están programando citas hasta noviembre de 2019.
Para solucionar ese atolladero, el gobierno ha intentado que se contraten más jueces y se mejore la eficiencia de las cortes, pero sus propuestas migratorias enfrentan una considerable oposición republicana.
Es un tema altamente politizado y no son pocos los que creen que estas demoras sólo fomentan que más personas se interesen en viajar a Estados Unidos, pues podrían vivir años en el país a la espera de una decisión.
Mientras, cortes como la de Arlington siguen recibiendo todos los días a inmigrantes como Luis.
Su padre, César, dice que trabaja en los meses de verano en el campo o cortando el césped y en invierno, como ahora, en lo que le salga.
Llegó de Guatemala porque tiene 11 hijos y quería enviarles dinero para que tuvieran un mejor futuro. Diez se quedaron allá con la madre y sólo Luis se aventuró a Virginia.
Antes de entrar con el juez Bryant, los dos dicen que no tienen miedo de lo que pueda ocurrir en la sala. Están rodeados de otros jóvenes que también serán interrogados.
Es el comienzo de un proceso que podría incluir a Luis en una estadística que ha dañado la imagen de Obama entre los hispanos: más de dos millones de deportaciones desde que asumió el poder, 438.421 sólo en el año fiscal 2013, una cifra récord.
Estos números juegan en contra de los indocumentados que están en el limbo, pero ellos no pierden la esperanza de permanecer acá con sus familiares. Es precisamente esa ilusión la que también los mueve a viajar a Estados Unidos desde América Latina.
Luis, por el momento, tendrá su próxima audiencia el 27 de agosto.
Jóvenes como él, que llegaron en olas migratorias recientes, tienen la prioridad en las agendas de las cortes.
Ese día, por primera vez, deberá presentarse acompañado de un abogado para comenzar a aclarar su situación.
Y entre tantas preguntas monótonas, en esa habitación tan fría, él tal vez también pueda decirle al juez que ya aprendió a jugar fútbol americano.
