El gobierno llevó a cabo las elecciones municipales en abril de 2015 con relativa eficiencia administrativa, pero no eran ni libres ni justas
El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó hoy el informe sobre derechos humanos 2016, en el cual dedicó 31 páginas a Cuba.
En una introducción al reporte anual el Secretario de Estado, Rex Tillerson explicó que el informe refleja los esfuerzos concertados de embajadas y consulados de EEUU alrededor del mundo, y que los reportes son preparados por oficiales de derechos humanos en misiones de los Estados Unidos con información proveniente de una amplia variedad de la sociedad civil, el gobierno y otras fuentes.
El reporte de Cuba asegura lo siguiente:
«Cuba es un estado autoritario dirigido por Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado y de Ministros, primer secretario del Partido Comunista (PC) y comandante en jefe de las fuerzas de armadas.
La Constitución reconoce al Partido Comunista como el único partido legal y la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado.
El gobierno llevó a cabo las elecciones municipales en abril de 2015 con relativa eficiencia administrativa, pero no eran ni libres ni justas; Una comisión de candidatura del Partido Comunista preseleccionó a todos los candidatos y el gobierno trató a candidatos ajenos al partido comunista de manera diferente.
Los principales abusos contra los derechos humanos incluyeron la reducción de la capacidad de los ciudadanos para elegir su gobierno. El uso de amenazas gubernamentales, agresiones físicas, intimidación y violentas protestas en contra de la disidencia pacífica organizadas por el gobierno».
También se refiere el informe al «hostigamiento y detenciones para impedir la libre expresión y la reunión pacífica«.
El reporte enumera además otros abusos como duras condiciones carcelarias; detenciones arbitrarias, a corto plazo por motivaciones políticas; procesamiento selectivo; negación de un juicio justo y restricciones de viaje.
El informe hizo referencia también a la violación de la privacidad de los individuos mediante «el monitoreo y la censura de las comunicaciones privadas«.
«El gobierno no respetó las libertades de expresión y prensa, restringió el acceso a Internet, mantuvo el monopolio de los medios de comunicación, la libertad académica y mantuvo algunas restricciones sobre la capacidad de los grupos religiosos a los que no se les permite reunirse. El gobierno se negó a reconocer a grupos independientes de derechos humanos o permitirles funcionar legalmente».
Además, el gobierno continuó impidiendo a los trabajadores formar sindicatos independientes y de otro modo ejercer sus derechos laborales.
Los funcionarios gubernamentales, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos. La impunidad de los perpetradores seguía siendo generalizada».
Fuente: Martinoticias
