Valencia.- El presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, dimitió este lunes después de un año de protestas, tanto de los ciudadanos valencianos como de la oposición política, por su gestión durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024, que causaron 229 muertes en esa región del este de España.
Mazón, también líder del conservador Partido Popular (PP) en su región, justificó su salida con la frase: «Ya no puedo más», días después de que fuera increpado por los familiares de las víctimas durante un funeral de Estado en Valencia, en presencia de los reyes y las principales autoridades del país.
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Asunción de errores y culpas para el Gobierno español
En una declaración oficial sin admitir preguntas, el hasta ahora presidente de la Comunidad de Valencia reconoció: «Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe».
Mazón afirmó que el Gobierno valenciano necesita «un nuevo tiempo» y confesó que «por voluntad personal habría dimitido hace tiempo», porque ha habido momentos «insoportables» para él y su familia, pero hoy ya no puede más.
Pero además de esa asunción de errores, también repartió culpas al Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, como hace desde poco después de la catástrofe, aunque inicialmente agradeció a Sánchez su apoyo.
Este lunes incidió en un argumento que ya usó muchas veces, que el Gobierno español los quiso «dejar solos por estrategia política», y acusó al Ejecutivo de una «campaña» contra él para intentar tapar «los tremendos fallos» de las agencias del gobierno que no avisaron del riesgo.
Confederación Hidrográfica
Mazón culpó a la Agencia Española de Meteorología (Aemet), aunque este organismo había emitido múltiples alertas con muchas horas de antelación. También responsabilizó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), encargada de vigilar la cuenca del río que atraviesa la región de Valencia.
Ante estas críticas, el Ministerio para la Transición Ecológica defendió su actuación. Afirmó que ha destinado más de 1.200 millones de euros a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana y que “no se ha rechazado ninguna petición de ayuda”.
Además, los autos de la jueza que investiga la gestión de la catástrofe son “contundentes”. En ellos se señala que la Aemet y la CHJ actuaron conforme a sus mecanismos técnicos y protocolos, emitiendo avisos y comunicaciones eficaces dentro de sus competencias, según destacaron a EFE las mismas fuentes.
Una cuestionada gestión
Al Gobierno valenciano se le critica por el retraso con que avisó a la población sobre la gravedad del temporal que afectaba a la región. La alerta se envió cuando ya había decenas de muertos y muchas zonas estaban inundadas.
Mientras tanto, Mazón almorzaba en un restaurante de Valencia con una periodista y prolongó la sobremesa. Permaneció ajeno a la catástrofe que ocurría a su alrededor y todavía no ha explicado por qué tardó en incorporarse al equipo que coordinaba la emergencia.
Toda esta gestión está siendo investigada por una jueza en Valencia. En sucesivos autos, la magistrada está definiendo los hechos y las actuaciones de los responsables durante esos días. Mazón no podrá declarar ante ella, ya que está aforado como presidente regional y diputado del Parlamento valenciano. Si llega a declarar, deberá hacerlo ante un tribunal superior.
Mazón dimitió como presidente regional, pero no convocó elecciones. Continuará en el cargo hasta que se elija a su sucesor y conservará su escaño como diputado.
La indignación de las víctimas
Por todo ello, miles de personas han protestado el día 29 de cada mes desde hace un año, con consignas como “Mazón dimisión”. La oposición ha exigido de forma constante que dejara el cargo o que su partido, el PP, lo apartara. Además, no han faltado los abucheos en sus actos públicos.
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El momento más tenso ocurrió el 29 de octubre, durante el funeral de Estado en Valencia por el primer aniversario de la catástrofe. Los familiares de las víctimas le gritaron “asesino” y “cobarde” frente a los reyes y las principales autoridades del Estado.
Allí, la prima de una víctima declaró: “Omitir el deber, sabiendo sus consecuencias, convierte esa acción en causa de muerte”.
EFE
