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Derechos Humanos visita al expresidente Pedro Castillo en prisión

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Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó al expresidente de Perú Pedro Castillo en el centro donde se encuentra en prisión preventiva desde el 7 de diciembre, como parte de la visita técnica del organismo al país andino para abordar la crisis social y política, informó la Defensoría del Pueblo en Twitter.

«Acompañamos a equipo técnico de la CIDH en visita al penal de Barbadillo, donde está recluido el expresidente Pedro Castillo. Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal«, anunció la Defensoría del Pueblo en redes sociales.

Castillo pidió la visita

Castillo pidió que la misión de la CIDH que lo visitara «de manera urgente» en la prisión donde cumple 18 meses de arresto preventivo tras haber sido destituido por intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto.

El exmandatario aseguró, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, que está «privado arbitrariamente» de sus derechos y que decidió publicar un comunicado, suscrito por su abogado, Wilfredo Robles Rivera, «ante la visita de la CIDH en el Perú».

Este jueves, familiares del exmandatario, entre ellos su hermana Gloria Castillo y su sobrina Vilma Vásquez se reunieron con la delegación en un hotel en el acomodado distrito limeño de San Isidro.

Por su parte, la CIDH indicó en redes sociales que en el último día de la visita técnica, la delegación de estuvo en Cuzco, Lima y Ayacucho y que esta prosigue reuniones con autoridades, organizaciones sociales y personas líderes de pueblos indígenas «para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas y «el contexto de la crisis institucional».

HRW pide investigar muertes de manifestantes

Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch pidió este jueves a las autoridades peruanas que investiguen de forma exhaustiva las muertes y «el exceso de la fuerza por parte las fuerzas de seguridad» en las protestas antigubernamentales y afirmó que para resolver la crisis política «se requiere diálogo amplio y respeto de los derechos humanos».

«Las autoridades civiles de Perú deberían impulsar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demoras sobre al menos 21 muertes de manifestantes, sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y sobre actos de violencia cometidos por algunos manifestantes, indicó en un comunicado Human Rights Watch».

Desde que se intensificaron las protestas el domingo 11 de diciembre en Perú y que pedían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la liberación del exmandatario Pedro Castillo y el cierre del Congreso, al menos 27 personas han fallecido en diversos puntos del país, de las cuales cinco eran menores.

Fuente: DW

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