Familiares de un grupo de campesinos desaparecidos de manera forzada en 1996, en la comunidad colombiana Vereda La Esperanza pidieron hoy justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) durante una audiencia por este caso.
«Deseo y siento que la Corte debe exigir al Estado una búsqueda inmediata de los cuerpos de nuestros seres queridos, que haya justicia, que digan la verdad y que esto no se vuelva a repetir contra los campesinos», afirmó hoy en la audiencia Flor de Jesús Gallego, cuyo esposo y un hermano desaparecieron.
Los jueces de la Corte iniciaron hoy una audiencia pública de dos días por el caso Vereda La Esperanza contra Colombia, en la cual escucharon a una posible víctima, una testigo y un perito.
Los hechos se remontan a la supuesta desaparición forzada de 14 personas, incluyendo tres niños, la ejecución de otra, así como la privación de libertad de un menor de edad, ocurridas en la Vereda La Esperanza, Departamento de Antioquia (Noroeste), entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996.
La demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alega que oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas coordinaron con miembros del grupo paramilitar Autodefensas del Magdalena Medio las distintas incursiones a la Vereda La Esperanza.
Según la denuncia, las presuntas víctimas del caso eran percibidas por los paramilitares como simpatizantes de grupos guerrilleros que operaban en la zona.
Estos hechos, con excepción de uno que habría sido perpetrado directa y exclusivamente por las Fuerzas Armadas colombianas, fueron cometidos por el grupo paramilitar con el supuesto apoyo y consentimiento de agentes estatales.
«En una ocasión los militares llegaron a la casa de mis padres disparando indiscriminadamente porque según ellos estaba lleno de guerrilleros, ese día nos amenazaron. Parece que por ser campesino y trabajar la tierra esto es lo que nos toca pagar», aseveró Gallego.
Gallego explicó en su declaración ante los jueces de la CorteIDH que en esa época, en la cual su familia recibió múltiples amenazas, ella perdió a su prima, su hermano y su esposo, y hasta la fecha no sabe en donde se encuentran sus cuerpos.
La mujer dijo que la explicación de las autoridades en ese momento fue que «murieron en combate».
La demanda de la CIDH indica que los hechos se encuentran en la impunidad en tanto la investigación en el proceso penal ordinario y bajo la Ley de Justicia y Paz no ha sido diligente y no se ha sancionado a ninguno de los responsables de los hechos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a las supuestas víctimas, explicó que este caso es particular en el contexto colombiano porque permite a la corte revisar el marco de justicia de Colombia en relación con los paramilitares.
«Permite revisar la implementación de los últimos nueve años de la ley de Justicia y Paz. En este caso nuestra opinión es que ha sido poco efectiva. Uno de los máximos iconos del paramilitarismo en Colombia, Ramón Isaza Arango, está en libertad y en la investigación del caso Vereda La Esperanza no ha habido ninguna condena», aseveró a Efe el representante de Cejil, Francisco Quintana.
Por su parte, la testigo propuesta por el Estado colombiano, quien forma parte de la fiscalía responsable del caso, Liliana Calle, indicó en la audiencia que hasta el momento «no se han dado medidas de reparación ni existen hechos condenatorios» porque el caso se encuentra en una etapa procesal.
Esta audiencia continuará mañana cuando los jueces escuchen los alegatos finales de ambas partes, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana.
La Corte, con sede en Costa Rica, es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico
