La República Dominicana se encuentra en una encrucijada tecnológica. A pesar de registrar uno de los crecimientos económicos más rápidos de la región en las últimas dos décadas, el país enfrenta desafíos estructurales que amenazan con frenar su avance hacia una economía digital robusta.
La inversión en infraestructura de comunicaciones y una penetración de internet del 85% en 2024 son logros relevantes; sin embargo, detrás de estos indicadores se ocultan tres barreras fundamentales: una profunda brecha de uso digital, una fuga sostenida de talento TIC, y una estructura legal desactualizada que limita el potencial transformador de la tecnología.
Contexto regional: República Dominicana en el panorama latinoamericano
En el contexto regional, la República Dominicana ha mostrado avances notables en algunos indicadores tecnológicos. Según el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de 2023, el país ha escalado ocho posiciones, pasando del lugar 23 al 15 en América Latina y el Caribe, y del 107 al 100 a nivel mundial. Este progreso posiciona a República Dominicana por encima de países como Panamá, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, aunque sigue por debajo de México, Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Chile.
En materia de inteligencia artificial, República Dominicana ha logrado posicionarse en el primer lugar entre los nueve países del Caribe en el prestigioso Índice Global de IA Responsable (GIRAI), ocupando el sexto lugar en Latinoamérica con una puntuación de 23.18, superando a Argentina (21.95). Este logro refleja los esfuerzos del país en la implementación ética y responsable de tecnologías emergentes.
Sin embargo, los contrastes son evidentes en otros indicadores. En el Índice de Innovación Global (GII) de 2023, República Dominicana obtuvo una puntuación de apenas 22.4 sobre 100, ocupando el puesto 94 de 132 países, la peor puntuación desde al menos 2012. Esta disparidad muestra un desarrollo desigual, donde existen bolsones de excelencia en medio de un ecosistema que lucha por consolidarse.
Brecha de uso
Aunque la conectividad ha avanzado considerablemente, la brecha de uso se mantiene en torno al 40%, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Este fenómeno evidencia que el acceso a internet no se traduce automáticamente en participación significativa en la economía digital. Muchos ciudadanos carecen de habilidades digitales básicas, acceso a contenidos relevantes, o servicios públicos digitales funcionales. Esta desconexión revela una dimensión crítica del subdesarrollo digital: la digitalización incompleta, donde se prioriza la infraestructura sin transformar la cultura institucional, educativa ni empresarial.
La economía digital tiene el potencial de generar empleos de calidad, promover la formalización de las mipymes y aumentar la productividad nacional. No obstante, sin una política pública que priorice la adopción significativa —incluyendo alfabetización digital, desarrollo de contenidos útiles y promoción del emprendimiento digital— el país corre el riesgo de quedarse atrapado en una ilusión de modernidad. La estrategia no debe ser solo tecnológica, sino también social y educativa, centrada en empoderar personas y organizaciones para usar la tecnología con propósito.
Fuga de talento: invisibles pero esenciales
Otro de los grandes nudos estructurales es la escasez de talento digital y la continua fuga de profesionales TIC. Las empresas dominicanas, en particular las mipymes, enfrentan dificultades para contratar personal calificado debido a la competencia global y la limitada capacidad económica para ofrecer condiciones atractivas. Esta situación se traduce en una pérdida de capacidad operativa y estratégica: mientras la digitalización requiere expertos en desarrollo, datos, IA y ciberseguridad, los profesionales formados se van o trabajan remotamente para empresas del extranjero, volviéndose «invisibles» para el sistema productivo local.
Además de esta fuga, existe una baja tasa de adopción tecnológica: solo el 35% del empresariado formal ha incorporado herramientas digitales. Muchas empresas se concentran en soluciones populares, ignorando la base de la pirámide tecnológica necesaria para escalar su productividad. El desarrollo digital de las empresas necesita ir más allá de simples aplicaciones: se requieren estrategias de automatización, uso de APIs públicas, datos abiertos y tecnologías low-code/no-code que eliminen barreras técnicas y aceleren la innovación.
PUEDES LEER:
Superar estos retos exige crear incentivos para la retención de talento, formación técnica con enfoque de negocio, alianzas entre empresas y centros educativos, y reformas que estimulen la inversión en capital humano y desarrollo tecnológico. El país necesita una política de innovación que no solo reactive el ecosistema emprendedor, sino que también priorice al talento como activo estratégico nacional.
Legislación obsoleta: el lastre normativo
La falta de marcos legales actualizados es otra barrera crítica. El país opera bajo leyes que no responden al contexto digital actual. La ausencia de una Ley de Economía Digital impide integrar las transformaciones tecnológicas de forma coherente y estratégica. En lugar de facilitar la innovación, la legislación suele nacer desactualizada, afectando tanto la competitividad de las empresas como los derechos de los ciudadanos.
La Ley 172-13 sobre protección de datos personales, por ejemplo, no designa una entidad clara encargada de su cumplimiento, salvo en el sector financiero. Además, el crecimiento de la vigilancia estatal y las solicitudes de datos personales requiere un marco que respete la ciudadanía digital y los derechos fundamentales. En paralelo, la importación de software e insumos digitales sigue gravada, desincentivando la modernización tecnológica.
En cuanto a la inteligencia artificial, la inversión nacional sigue siendo baja (USD 10 millones en 2024), y la tendencia es a importar soluciones en lugar de fomentarlas localmente. La IA ofrece grandes oportunidades —desde asistencia virtual hasta mantenimiento predictivo e innovación en manufactura— pero también plantea riesgos en términos de sesgos, originalidad de contenidos, desplazamiento laboral y uso poco ético. El país carece aún de un marco regulatorio adaptativo que aborde estos desafíos y promueva una adopción responsable, segura y ética.
Además, la ciberseguridad carece de una estrategia nacional cohesiva. Si bien la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores contempla una unidad especializada, el ecosistema digital general necesita normas claras, coordinación interinstitucional, y mecanismos de protección ante amenazas emergentes. La gobernanza de tecnologías emergentes como la IA requiere una conversación urgente y abierta entre gobierno, empresas, sociedad civil y organismos internacionales.
Consecuencias económicas de la brecha digital
El impacto económico de estas barreras estructurales se traduce en pérdidas significativas para el país. Las investigaciones sobre la brecha digital en República Dominicana revelan que, de los 8,562,541 habitantes, solo el 1.36% tiene cuentas de internet registradas, generando una brecha digital neta del 98.6%. Esta disparidad no solo refleja un problema de acceso, sino también una barrera para la competitividad internacional.
La persistencia de estas brechas profundiza las desigualdades económicas. Los estudios demuestran que estas brechas «están determinadas por condiciones económicas, por las limitaciones en las redes que permiten la provisión de los servicios, así como por la falta de un nivel educativo» que impiden el acceso a sectores menos favorecidos.
Las consecuencias económicas se manifiestan en diversos niveles. La creciente brecha digital «pone en riesgo a miles de ciudadanos, aislándolos del progreso tecnológico y económico», limitando el acceso a educación, innovación y empleo. Esto impacta directamente en la capacidad del país para competir en una economía global cada vez más digitalizada, reduciendo su atractivo para inversiones de alto valor agregado y frenando el crecimiento de sectores económicos emergentes. Un cálculo conservador estima que la brecha digital podría estar costando al país entre el 1% y el 2% de su PIB anualmente en oportunidades perdidas.
Narrativas impulsadas por el sector público
Las principales novedades en el panorama tecnológico dominicano provienen del sector público, que está liderando con iniciativas innovadoras en ciencia, seguridad y educación digital.
Casos como la molécula anticancerígena desarrollada en la UASD, el sistema de seguridad DEBI 360, y la reconversión de centros educativos en polos de innovación tecnológica reflejan una narrativa de avance y transformación impulsada desde lo estatal.
Mientras tanto, el sector privado —aunque consciente de las presiones del ecosistema global y local— permanece cauteloso. Su inversión en innovación es más limitada, producto de una parálisis estratégica: se detiene para intentar dar un mejor paso, buscando minimizar riesgos en un entorno marcado por incertidumbre estructural.
Esta brecha entre narrativa pública e inversión privada plantea un reto clave para la cohesión del ecosistema tecnológico nacional.
Te puede interesar:
Un futuro que depende de voluntad estratégica
La transformación digital dominicana no se alcanzará únicamente con conectividad o infraestructura. Para que el país se posicione como un hub de innovación en el Caribe, necesita una visión estratégica que supere los ciclos políticos y articule esfuerzos de largo plazo.
La brecha de uso digital, la fuga de talento y la legislación obsoleta no son obstáculos técnicos, sino desafíos de gobernanza y decisión. Es momento de cambiar la lógica de intervención: en vez de continuar construyendo estructuras aisladas, hay que nutrir un ecosistema abierto, colaborativo y orientado al talento.
La digitalización del país requiere acción coordinada, inversión inteligente y un compromiso transversal por construir un futuro más justo, competitivo y sostenible.
Por: Arturo López Valerio
Empresario Tecnológico
