Ruptura del orden constitucional en su país, tras fallos del máximo tribunal
La fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, denunció este viernes sorpresivamente una «ruptura del orden constitucional» en su país, tras fallos del máximo tribunal, que asumió las funciones del Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados.
«En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución(…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional«, señaló Ortega, muy cercana al chavismo, durante un acto público.
Mientras tanto, el jefe de la OEA, Luis Almagro, solicitó formalmente al Consejo Permanente convocar una reunión urgente para evaluar la crisis política en Venezuela, evocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
En una nota colocada en el sitio web de la Organización de Estados Americanos, Almagro dijo que ese artículo de la Carta le atribuye solicitar la sesión del cuerpo de los 34 países miembros activos para «realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente» en el caso venezolano.
El diplomático presentó la solicitud al embajador de Belice, Patrick Andrews, quien preside el Consejo Permanente hasta este viernes, antes de traspasar la dirección a Bolivia.
El catalizador de la solicitud es la decisión del máximo tribunal de justicia venezolano de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de mayoría opositora y retirar la inmunidad a los parlamentarios, y que Almagro denunció el jueves como un «auto golpe de Estado«.
Los dictámenes del Tribunal Supremo constituyen «los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia«, señaló Luis Almagro, quien ya había advertido de un desandar antidemocrático en dos informes, en mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017.
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú y México encabezaron las críticas continentales a la decisión del tribunal venezolano.
La Carta Democrática Interamericana, aprobada por el consenso de la OEA en 2001, establece en su artículo 20 que el Secretario General o un gobierno pueden convocar la sesión del Consejo Permanente en caso de «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático» en un Estado miembro.
Fuente: Agencia AFP
