Ningún proceso en el país genera más ruido que la elección de los miembros de la Junta Central Electoral.
En la fase previa a esta elección, que constitucionalmente corresponde al Senado de la República, se produce todo tipo de escarceos.
Todo inicia cuando el partido mayoría en la Cámara Alta busca, por todos los medios, imponer a personas de su simpatías y la oposición…. hace lo propio por tener alguna representación.
Ningún refrán le pega mejor a la clase política dominicana que: “una cosa es con guitarra y la otra es con violín”.
Lo cierto es que desde que el Senado de mayoría perredeísta impuso la membresía de la Junta Central Electoral en el 1998, encabezada por Manuel Ramón Morel Cerda, se impone toda una negociación.
A partir de ese momento, en la JCE predomina una mayoría del partido con dominio senatorial y por lo menos un representante de las otras dos fuerzas dominantes y hasta a la sociedad civil le corresponde una tajada.
El PRECEDENTE. Nuestro marco jurídico no establece tan taxativamente sobre la constitucionalidad o no de la participación del presidente de la República, Danilo Medina, en el diálogo con las fuerzas políticas por consensuar un régimen de garantías electorales.
Ya existe el precedente en el año 1998 cuando el PRD impuso la JCE y el PLD y el Partido Reformista unieron fuerzas y protestaron hasta en organismos internacionales.
Leonel Fernández era el presidente de la República y el Palacio Nacional fue el escenario para que los delegados del PRD, PLD, y PRSC buscaran una salida concertada.
13 rondas de negociaciones fueron necesarias para pactar la ampliación de cinco a siete miembros en la JCE. De esta manera, el PRD conservó su mayoría cinco miembros, y se admitió un representante del PLD, Roberto Leonel Rodríguez y Julio César Castaños Guzmán, propuesto para el PRSC.
El presidente Medina lo sabe bien, pues participó de las negociaciones como representante del PLD y por su condición de Ministro de la Presidencia.
En lo adelante este proceso es algo cíclico. Para el 2002, el PRD conservaba su mayoría senatorial y volvió a imponer una JCE a su antojo. Tras una crisis pos elección, retornaron las protestas y los diálogos y una vez más se pactó ampliar su membresía a nueve miembros y dividir el organismo en Cámara Contenciosa y Cámara Administrativa.
Posteriormente, la Cámara Contenciosa evolucionaría a Tribunal Superior Electoral y la Administrativa en la actual JCE.
En definitiva, negociar la elección del organismo encargado de organizar las elecciones y el registro civil es un hecho consumado.
