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Cambios de rutas ilegales

Cambios de rutas ilegales
Cambios de rutas ilegales

El cierre del tramo comprendido por la calle  Porfirio Herrera hasta la avenida  Abraham Lincoln de la Avenida Lope de Vega realizado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), para agilizar el tránsito es ilegal, porque no cuenta con la debida aprobación del Ayuntamiento del Distrito Nacional ni una ordenanza del Concejo Municipal de ese cabildo.

El artículo 19, de la ley 176-07, del  Distrito Nacional  y  los Municipios, establece como una de las competencias propias de los ayuntamientos el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales.

Esto quiere decir, que si la alcaldía, a través de su departamento de tránsito y movilidad, decidiera hacer cambios de dirección en una vía deberá presentar la medida con sus justificaciones ante el Concejo de Regidores para su aprobación, y es entonces ese órgano legislativo municipal el que emite una resolución u ordenanza mandatoria de esos cambios.

Entonces, a falta de una reglamentación de la ciudad, si cualquier ciudadano violentara la medida adoptada por AMET, el conductor no podrá ser multado porque no estaría violentando ninguna disposición legal. Asimismo, si ocurriese un accidente en el tramo de la vía cambiado corresponderá al director de AMET pagar con sus bienes los daños ocurridos, porque no hay una ordenanza que regule el cambio de dirección en el referido  tramo de la Lope de Vega.

Las violaciones de AMET se extienden además al uso de un espacio público sin previa autorización de la alcaldía capitalina, ya  que es competencia del cabildo normar y gestionar el espacio público,  así como el ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y disciplina urbanística.

Lo recomendable es que AMET, organismo creado por el decreto 393-97 del entonces presidente Leonel Fernández, se dedique a hacer cumplir la función para lo que fue establecida que es “regular todo lo relativo a la demanda y oferta del transporte en el área metropolitana de Santo Domingo, con el fin de reducir su costo social, económico y ecológico”.

 

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