Las luces intermitentes penetraban la noche y las grandes letras blancas no dejaban duda alguna: era un vehículo policial. La mujer obligada a parar era una cincuentona que trabajaba en una guardería y que se dirigía a su casa tras jugar al dominó con amigas. Pensó que no tenía nada que ocultar, de modo que obedeció todas las órdenes que le dio el agente, que la acusó de manejo imprudente.
Posteriormente le dijo a un juez que fue obligada a recostarse sobre el auto policial para ser palpada y que el agente la obligó a levantar su vestido y a bajarse los panties para asegurarse de que no ocultaba nada. Contó que el agente le ordenó sentarse en la patrulla mientras él, muy cerca, con su arma a la vista, se bajaba el cierre de los pantalones y ella le imploraba que no lo hiciese.
«Apúrate», le dijo el agente, identificado en los informes policiales solo como J.L., mientras la obligaba a realizar sexo oral. «No tengo toda la noche».
La acusación es estremecedora y refleja algo que se repite en todo el país.
Una investigación de un año llevada a cabo por la Associated Press reveló que hay unos 1.000 agentes que perdieron sus licencias en un período de seis años por casos de violación, sodomía y otros delitos sexuales, así como por posesión de pornografía infantil, contratar prostitutas o mantener relaciones sexuales estando en servicio.
La investigación de la AP es la más profunda jamás hecha de ese tipo de delitos por parte de la policía y probablemente no refleje el problema en toda su magnitud ya que es imposible recabar información de todos los estados. California y Nueva York, por ejemplo, no tienen sistemas que permitan revocar las licencias de los agentes con problemas de conducta. Y entre los estados que suministran esa información, hay algunos que no reportaron casos de agentes que fueron dados de baja por delitos sexuales a pesar de que se comprobó que hubo casos de ese tipo mediante informes periodísticos y documentos legales.
«Sucede probablemente en todas las dependencias policiales del país», afirmó la jefa del departamento de policía de Sarasota, Florida, Bernadette DiPino. «Se hacen muy pocas denuncias y la gente teme que si hace una denuncia, va a tener a toda la policía detrás suyo».
La AP revisó los archivos de todos los estados con la información de los procesos de revocación de licencias de los agentes. Nueve estados y el Distrito de Columbia desistieron de suministrar esa información o dijeron que no tienen ese tipo de estadísticas. Se analizó así la información de 41 estados.
La AP comprobó que unos 550 agentes perdieron sus licencias entre el 2009 y el 2014 por delitos sexuales, incluidos violaciones, manoseos e intimidaciones en las que se exige a una persona que realice algún acto sexual para evitar ser detenida. Otros 440 agentes fueron dados de baja por cosas como posesión de pornografía infantil, voyeurismo o relaciones sexuales consensuales pero prohibidas.
Aproximadamente una tercera parte de los agentes cuyas licencias resultaron revocadas fueron acusados de incidentes que involucraron a menores. Casi todas las víctimas eran mujeres, muchas de ellas de los sectores más vulnerables de la sociedad: pobres, adictas y jóvenes. Otras tenían antecedentes policiales, lo que es aprovechado a veces por los agentes para obligarlas a hacer cosas. Hubo casos en los que víctimas de algún delito que buscaban ayuda terminaron siendo víctimas de hombres en uniforme.
