Santo Domingo. – El procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el proceso judicial contra los exfuncionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo revela la existencia de una estructura de corrupción administrativa que habría desviado miles de millones de pesos del Estado.
Según explicó, los implicados, junto a otros acusados, se habrían aprovechado de sus posiciones de poder para sustraer más de RD$19 mil millones, principalmente a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Camacho señaló que estos recursos, que pertenecían a los contribuyentes, pudieron destinarse a áreas esenciales como la salud, especialmente durante la pandemia del Covid-19.
El funcionario indicó además que la presunta red no solo operaba mediante expropiaciones, sino que también habría implementado un esquema de sobornos vinculados al sector de juegos de azar, así como pagos irregulares de deudas estatales.
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Entre los aspectos más llamativos del caso, destacó que dentro de la estructura se registraron situaciones irregulares, como el retiro de grandes sumas de dinero en efectivo por parte de personas sin perfil financiero acorde, incluyendo montos que alcanzarían hasta RD$1,000 millones.
Asimismo, sostuvo que la red se quedaba con hasta el 70 % de los fondos que alegaban haber pagado a terceros, muchos de los cuales habrían sido incentivados a reclamar supuestas deudas al Estado.
El Ministerio Público reiteró que cuenta con 1,278 medios de prueba, por lo que confía en que el tribunal envíe a juicio de fondo a todos los implicados y se evite cualquier escenario de impunidad.
El proceso
El expediente forma parte de la denominada Operación Calamar, mediante la cual resultaron arrestados varios exfuncionarios acusados de integrar una red que desvió fondos públicos para fines personales y políticos, incluyendo el financiamiento de la campaña electoral de 2020.
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Además de Guerrero, Peralta y Castillo, entre los imputados figuran el excontralor general Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirillo; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, entre otros exfuncionarios vinculados al sector de juegos de azar.
El Ministerio Público solicitó que todos los acusados los envien a juicio de fondo por los hechos que se les imputan.
