El Tribunal Constitucional conoció dos acciones directas de inconstitucionalidad al decreto 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en República Dominicana.
Una de las instancias expresa que este decreto viola varios artículos de la constitución dominica y además se coloca por encima de la ley de migración.
El recurso quedó en estado de fallo, pero antes el tribunal otorgó un plazo de cinco días a cada una de las partes para que presenten escritos ampliatorios de sus pedimentos.
