Santo Domingo, R, D. – El programa Supérate informó que sancionó a 57 beneficiarios de subsidios que el pasado mes de agosto cedieron sus tarjetas por estafa contra el Estado
Estas personas cedieron sus tarjetas a Brayan Eduardo Lorenzo, imputado por el delito de violación a las disposiciones sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta acción viola artículo 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del estado dominicano y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).
Supérate precisó que esta penalidad, con duración de cuatro meses, dispuesta en su manual operativo, el cual establece las suspensiones se disponen desde la institución.
Se decide en contra del titular de tarjeta cuando este cede o vende el medio de pago.
Según el manual de Supérate, los hogares participantes que no cumplan las acciones de los servicios de salud y educación se sancionarán con suspensión del pago.
La institución informó que aplica para el programa de Aliméntate cuando se presente incumplimiento a los servicios de salud por cuatro meses consecutivos.
Asimismo, para el de Avanza y Aprende, cuando se presente incumplimiento a los servicios de educación a nivel primario o secundario, según corresponda.
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El delito
Apegados a lo planteado en el compendio, la dirección general de Supérate indicó: “hemos confirmado que las 57 tarjetas fueron cedidas por sus titulares», dice la institución.
Agregó que esto constituye una violación a los reglamentos de Supérate por parte de los beneficiarios de los programas sociales, por lo que se dispuso de la penalidad temporal.
57 familias
A través del componente Familias en Paz, estas 57 familias serán acompañadas y evaluadas, mediane un proceso que permitirá determinar las razones que llevaron dueños de hogar a ceder sus medios de pago.
La medida es un ejercicio correctivo, es decir, implica una reeducación de los y las beneficiarias.
Asimismo, el programa gubernamental de protección social Supérate llamó a los beneficiarios de los subsidios para que eviten estas prácticas.
Supérate informó que el pasado 18 de agosto del año 2024, el Tercer Juzgado de Instrucción de San Cristóbal, acogió de forma parcial la solicitud del Ministerio Público, e impuso medidas de coerción consistentes en pago de una garantía económica ascendente a 10 mil pesos y presentación periódica contra Brayan Eduardo Lorenzo Lorenzo.
