Senadores de los partidos Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano saludaron el despliegue realizado por el Ministerio Público, como parte de la operación Lobo. Enfatizaron la necesidad de que se respete el debido proceso en el caso judicial.
Así lo indicaron los legisladores Santiago Zorrilla, del Partido Revolucionario Moderno, y Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Estos, en declaraciones por separado, hablaron sobre el caso por el que han sido detenidas al menos 14 personas.
“Cada vez que se refieren a un tema judicial, nosotros lo que pedimos es que se guarde el debido proceso y que se respete la presunción de inocencia hasta tanto concluyan el juicio y las investigaciones. Nosotros entendemos que efectivamente el Ministerio Público está haciendo una labor interesante, importante de combate y de investigación y que el Poder Judicial habrá de pronunciarse sobre esos hechos que se están estableciendo”, expresó Ramón Rogelio Genao, senador PRSC.
“Es el trabajo del Ministerio Público hacer su trabajo que le asignan o que tiene asignado de esclarecer todo lo que pueda ver oscuro en el territorio dominicano, así que se está desmantelando una banda con ese nombre. Yo primera vez que escucho esta parte y no lo conozco, así que está haciendo su trabajo el Ministerio Público”, dijo Santiago Zorrilla, senador del PRM.
La estructura desmantelada supuestamente se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
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Sobre la operación Lobo
Las instituciones públicas afectadas por este entramado incluyen al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). Asimismo, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte). También la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).
El Ministerio Público tiene hasta la madrugada del miércoles para solicitar las medidas de coerción correspondientes. Esto, tras haberse producido los arrestos en la madrugada del lunes.
Entre los 14 detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al menos cuatro han sido trasladados a la Procuraduría General de la República para rendir declaraciones. Uno de ellos es Kilvio Rodríguez, propietario de una de las compañías de seguridad señaladas en el expediente. Rodríguez, según su abogado Carlos Balcácer, realizaba pagos bajo presión a funcionarios públicos para agilizar el cobro de sus servicios. El abogado sostiene que se trataban de “comisiones” exigidas informalmente, no sobornos para ganar contratos.