SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Salud Pública informó este jueves la acreditación de una funcionaria del Nivel Rector al Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (CONAPE) a los fines de investigar la situación de crisis que en la actualidad atraviesa esa institución, cuya misión es dirigir los hogares de las personas envejecientes de propiedad estatal y junto al sector de las enfermeras garantizar atención de enfermería a los adultos mayores.
En comunicación dirigida a Nathalie María Hernández, directora del CONAPE, la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino encomendó a Mayra Minaya, directora general de Recursos Humanos del ministerio, hacer una comparación entre “los sueldos percibidos al momento del traspaso y lo que en la actualidad estas colaboradoras devengan”.
Salud Pública dijo en un comunicado que la referida misiva consigna que la decisión fue adoptada conforme a las facultades que le otorga la condición de Presidenta del Consejo de Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) que detenta la Ministra de Salud.
En el marco del proceso de reformas y separación de funciones que vive el Ministerio, el 30 de julio de 2015 fueron traspasados formalmente al CONAPE los programas recursos humanos, inmuebles y presupuesto que hasta entonces gestionaba el Ministerio de Salud orientados hacia el bienestar de las personas envejecientes o adultas mayores.
Durante el acto de traspaso la ministra de Salud y la directora de CONAPE firmaron un convenio mediante el cual, entre otras responsabilidades, la institución receptora asumía la de “respetar los derechos de los recursos humanos traspasados, los cuales quedan sellados bajo la firma de ambas entidades”.
Entre tanto, fueron militarizados los hogares de ancianos donde enfermeras paralizan sus labores en demanda de la destitución de la directora del CONAPE.
El Sindicato de Trabajadores de Enfermería pide al Ministerio de Salud Pública intervenir la nómina del Consejo, debido a que supuestamente les están descontando los incentivos.
Los gremios están dispuestos a llevar el conflicto hasta los hospitales públicos para incluir a todas las enfermeras del país en la lucha.
