Santo Domingo. Uno de los imputados en la Operación Camaleón, vinculado a una presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos que habría afectado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la devolución de un teléfono celular que el Ministerio Público incorporó como evidencia en el proceso judicial o, en su defecto, que el Estado dominicano sea condenado al pago de una indemnización de RD$7 millones.
Se trata de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, a quien el órgano persecutor imputa emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. El acusado fue enviado a juicio el pasado 5 de junio junto al exdirector ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez.
“Él solicita la devolución de un celular, un Samsung S3, que vale como tres mil pesos en el mercado. Él pide la devolución de un equipo que está en la acusación del Ministerio Público y, en caso de que no, que condenen al Estado por siete millones de pesos por la devolución de ese equipo”, manifestó el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, quien representó al Ministerio Público durante la audiencia.
¿Por qué las autoridades ocupan bienes?
Durante una investigación penal, el Ministerio Público puede ocupar celulares, computadoras, vehículos, documentos, dinero en efectivo y otros objetos que puedan servir como prueba o que presuntamente estén relacionados con la comisión de un delito.
La finalidad de esta medida es garantizar la conservación de las evidencias y evitar su alteración. También su desaparición y facilitar su análisis por parte de los investigadores y peritos.
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¿Cómo se conservan las evidencias?
Una vez ocupados, los bienes deben quedar bajo custodia de las autoridades competentes mediante un procedimiento conocido como cadena de custodia.
Este mecanismo documenta cada etapa del manejo de las evidencias, desde su incautación hasta su presentación ante los tribunales, con el objetivo de preservar su integridad. También asegurar que puedan se utilizarse durante el proceso judicial.
El incumplimiento de este procedimiento podría afectar el valor probatorio de las evidencias.
¿Cuáles son los derechos de los propietarios?
La ocupación de un bien no implica automáticamente que este se decomise de manera definitiva.
Los propietarios conservan el derecho de solicitar su devolución cuando el objeto ya no sea necesario para la investigación o cuando un tribunal determine que no existe fundamento legal para mantenerlo retenido.
En caso de que el bien esté vinculado directamente a un delito o se considere producto de una actividad ilícita, un juez podrá ordenar su decomiso conforme a las disposiciones legales aplicables.
Incautaciones en otros casos
La ocupación de celulares, vehículos, computadoras, documentos y dinero ha sido una práctica frecuente en investigaciones relacionadas con corrupción administrativa, lavado de activos, narcotráfico, fraude, crimen organizado y otros delitos complejos.
Caso Coral: Tras una histórica condena, los tribunales ordenaron el decomiso de 422 bienes muebles e inmuebles, incluyendo mansiones, vehículos, equipos tecnológicos y cuentas bancarias. El valor de los bienes confiscados en estos casos de corrupción supera los RD$3,200 millones.
Operación Discovery 3.0: Desmanteló una red de cibercrimen y extorsión. Se incautaron bienes valorados en unos RD$30 millones, además de cuantiosos equipos electrónicos utilizados para estafas internacionales.
La Dirección General de Persecución y el INCABIDE administran y posteriormente subastan estos equipos y propiedades incautadas para resarcir el daño al Estado.
