El pasado viernes 4 de julio de 2025, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, presentó formalmente una querella contra la empresa Dekolor S.R.L. ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La acción legal apunta a Rogelio Oruña, presidente, y Sandra Oruña, gerente general, por supuestos intentos de soborno a funcionarios del Intrant. El objetivo era extender un contrato estatal ya vencido.
La querella acusa una oferta de hasta 1 millón de dólares, equivalentes a más de 3 millones de pesos mensuales. Esta oferta estaba acompañada de amenazas personales e institucionales. Sin embargo, todo va encaminado a prorrogar sin licitación un contrato de emisión y renovación de licencias de conducir. Dicho contrato fue firmado en enero de 2020 y tenía una vigencia de cinco años. Dekolor operaba 21 centros, gestionaba personal, equipos e infraestructuras tecnológicas del sistema no autorizado por el Intrant.
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Delitos que incluyen:
Los delitos imputados incluyen soborno (Ley 448‑06), asociación de malhechores, lavado de activos (Ley 155‑17), estafa al Estado y chantaje/extorsión electrónica (Ley 53‑07). El Ministerio Público investigará la existencia de una estructura criminal organizada. Esta investigación se basará en informes técnicos y de la Contraloría General, documentos, y testimonios que apuntan a manipulación administrativa y uso indebido de recursos públicos.
Dekolor no es desconocida en el sector público. Cuenta con más de 20 años en República Dominicana. La compañía contratista tecnológica ha trabajado para el Intrant, el Ministerio de Obras Públicas, la Policía y las Fuerzas Armadas. En 2023, señalada como fiadora solidaria en un caso vinculado a la empresa Transcore Latam, señalado por irregularidades en el contrato de semáforos inteligentes.
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Este caso representa una acción inusual. Un funcionario de alto nivel, como lo es Milton Morrison, está ejerciendo personalmente una acusación penal contra una empresa contratista conocida en todo el país y utilizada por el gobierno. Normalmente, el Ministerio Público lo haría en nombre del Estado. Este precedente sitúa a la República Dominicana en un momento de posible cambio. La lucha contra la corrupción administrativa exige mayor transparencia y justicia en los procesos estatales.
