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La magistrada Reynoso compartió algunas reflexiones sobre el Código Penal establecido por la Ley 74-25, y su incidencia en el marco regulatorio aduanero, que supone un gran avance al sustituir una normativa de 141 años de antigüedad (desde 1884), y moderniza la justicia penal dominicana.
Entre esas novedades, se encuentran: el hecho de que, por primera vez, las empresas pueden procesarse penalmente por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.
De su lado, el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, reiteró ante los colaboradores reunidos en el auditorio y los presentes, de manera virtual, el cumplimiento de las leyes, la defensa de la institucionalidad y la lucha frontal contra los ilícitos aduaneros.
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Asimismo, el nuevo Código Penal refuerza las sanciones contra la corrupción y el cohecho, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión y plazos de prescripción ampliados a 30 años, así como para cibercrimen y el comercio digital, persiguiendo la manipulación de datos electrónicos en operaciones aduaneras.
También, exige una mayor coordinación interinstitucional entre la DGA, Ministerio Público y las procuradurías especializadas en delitos financieros y aduaneros.
