Santo Domingo.- Con el objetivo de garantizar y promover una administración eficaz y transparente de esos activos, el presidente Luis Abinader sometió ante el Congreso Nacional la aprobación del traspaso de terrenos identificados por el fideicomiso público “Fondo de Desarrollo de Infraestructuras”.
La propuesta del Poder Ejecutivo contempla la designación de una comisión de veeduría, integrada por notables personalidades del país, la cual tendrá la responsabilidad de dar seguimiento al desarrollo del fideicomiso. Esta comisión será responsable de vigilar, supervisar y asegurar la gestión correcta y transparente de los bienes transferidos.
La entrega se realizó durante una visita al presidente del Senado en el Congreso, Ricardo De Los Santos, realizada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, en compañía de Andres Vanderhorst, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria Reservas.
El primer mandatario acogió la propuesta de la Comisión Revisora de Contratos relativos a la disposición de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Esta propuesta viene con la finalidad de que se constituyera un fideicomiso público y emitió el decreto 581-23. Este viene disponiendo la creación del “Fondo de Desarrollo de Infraestructuras (FDI)”, abarcando la posibilidad de incorporar inmuebles de otras entidades del Estado.
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La recomendación de esta comisión se produjo tras analizar exhaustivamente en el Congreso el estado de los terrenos de la CEA que son objeto de procesos de venta irregulares, a los fines de asegurar una gestión adecuada y responsable de los mismos.
¿Cuál es el papel del Fondo de Desarrollo de Infraestructuras?
El “Fondo de Desarrollo de Infraestructuras” es un fideicomiso público de desarrollo inmobiliario, administración, inversión, fuente de pago, garantía y oferta pública. El mismo que procura el desarrollo de infraestructuras en los sectores de transporte masivo, viviendas, agua y obras de alto impacto socioeconómico a nivel nacional.
El FDI está compuesto por el Estado dominicano, que actúa a través del Ministerio de la Presidencia, en calidad de fideicomitente y fideicomisario, y Fiduciaria Reservas, en calidad de fiduciaria.
El fideicomiso cuenta con un Consejo Técnico, el cual está integrado por el ministro de la Presidencia (presidente); el ministro de Hacienda (miembro) y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (miembro). Este consejo es el encargado de fijar el precio de venta de los terrenos.
Su objeto es la gestión comercial y administración de los terrenos que se identifiquen por el Estado dominicano. Esto con la finalidad de proveer las fuentes de financiamiento para el desarrollo de infraestructuras en los referidos sectores.
El ministro de la presidencia explicó que el propósito es la recepción dentro del patrimonio que no se utilicen de forma activa. Explico que estos pueden emplearse en actividades más productivas que generen mayor valor y empleomanía. Para ello, mediante la gestión fiduciaria, dichos inmuebles serán saneados, deslindados, conservados, administrados y aprovechados. Esto se hará a través de su comercialización mediante procesos transparentes y competitivos.
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Como parte de los documentos contractuales depositados por el Poder Ejecutivo ante el Senado para fines de autorización del Congreso Nacional, se incluye la relación detallada de 52 inmuebles aportados al Fondo de Desarrollo de Infraestructuras por diferentes entidades del Estado.
Etapas del proyecto y papel del Congreso
En una primera etapa son los siguientes: 18 se aportaron por la CEA, con base en aquellas zonas ociosas o sin un uso actual. Mientras que 26 están a nombre del Estado dominicano y se aportaron por Bienes Nacionales. También existen 2 inmuebles aportados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), provenientes de su patrimonio autónomo. Por último, 6 por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), consistentes en áreas que se dedican a actividades formales de producción agraria.
Los inmuebles están distribuidos en más de treinta municipios del país, y en 19 provincias. Por ahora, se ha analizado la viabilidad de estos 52 inmuebles, mientras continúan los estudios de pre factibilidad para valorar la futura integración de nuevos inmuebles.
Entre los considerandos del referido decreto se señala que es de interés público y social buscar el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de la población dominicana.
Además, que la República Dominicana posee territorios con alto potencial de desarrollo sostenible. Esto atiende a elementos como la disponibilidad de espacios para el fomento de iniciativas de crecimiento y fortalecimiento de los sectores productivos. Esto con el fin de generar en grandes dimensiones una política pública de inclusión social que pueda favorecer el desarrollo nacional.
