La Junta Central Electoral (JCE) emitió una resolución 38-2023 mediante la cual regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de precampaña y en la campaña electoral de cara a los comicios del 2024.
A través de esa disposición el órgano comicial establece la prohibición de la utilización de los recursos económicos del Estado en la promoción de candidaturas y el financiamiento ilícito de la campaña electoral.
Además, prohíbe la colocación de propaganda en los edificios de las instituciones públicas, que la publicidad institucional sea utilizada con fines proselitistas y que los actos públicos u oficiales sean usados como tribuna o escenario para promocionar aspiraciones políticas. También establece el respeto a los símbolos patrios y religiosos.
En la resolución, además, se indica que la violación a esas disposiciones pueden conllevar sanciones como multas y la denuncia por ante el Ministerio Público y penas de uno a tres años de prisión, en el caso del uso de recursos públicos e ilícitos.
En el documento, la Junta también recuerda que en el momento en que un funcionario sea presentado como candidato por una organización política queda suspendido de sus funciones sin disfrute de sueldo.
