Política

Diputados desconocen si contrato de venta de terrenos Duquesa pasó por el Congreso

Camioneros aseguran que vertedero Duquesa opera con normalidad
Camioneros aseguran que vertedero Duquesa opera con normalidad

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Legisladores de distintas organizaciones políticas desconocen si por el Congreso Nacional pasó algún contrato de venta que certifique que los terrenos de Duquesa pertenecen a la empresa que opera este vertedero como aseguraron sus ejecutivos.

Congresistas consultados por NCDN dijeron además que de ser cierto que exista un contrato para la concesión de esos terrenos, el mismo debió pasar por el Congreso Nacional.

El diputado perremeísta Radhamés González Sánchez dijo que en todos los años que él tiene legislando en el Congreso no recuerda que ese contrato haya pasado por ese poder del Estado.

El presidente de la comisión de contratos de la Cámara de Diputados, Héctor Félix, se comprometió a hacer un proceso de revisión para determinar quién del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) vendió esos terrenos y el monto de dicha operación.

Otros legisladores, como la diputada perremeísta Josefa Castillo, pidieron que se revisen todos los contratos de venta de terrenos del CEA que “se están vendiendo a precios de vaca muerta” desde hace mucho tiempo.

El diputado peledeísta Rubén Maldonado dijo, por su lado, que esa operación hay que investigarla y que si hubo alguna irregularidad, se deben adoptar las correcciones de lugar.

Mientras, el ex alcalde del Distrito Nacional,  Rafael Suberví Bonilla, advirtió que los terrenos del vertedero de Duquesa fueron una concesión dada por el extinto presidente Joaquín Balaguer para la municipalidad.

De su lado, la jurista Claudia Castaños planteó que no es posible la venta de estas tierras sin la aprobación del Congreso Nacional.

Se recuerda que el Poder Ejecutivo designó una comisión para que revise los contratos de ventas de terrenos del CEA dadas las múltiples irregularidades que se han denunciado. Dicha comisión deberá pedir al Congreso Nacional que pare el conocimiento de contratos de ventas de estos inmuebles en ambas cámaras hasta tanto la situación sea regularizada.

 

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