Santo Domingo, R.D.-El Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que en la República Dominicana aún persisten los abusos policiales y las condiciones en las que se encuentran los reclusos en las cárceles siguen siendo deplorables.
Las afirmaciones son parte del informe de la situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana, según el informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los datos son el levantamiento de la situación del año 2021.
“Se recibieron informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos. Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. Tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes del gobierno”, detalla el informe.
Asimismo, indica que las condiciones penitenciarias son severas y que ponen en peligro la vida. Además de detenciones arbitraria, violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”.
Casos de abusos policiales
Las autoridades norteamericanas indican que durante el 2021 recibió varios informes sobre asesinatos arbitrarios o ilegales cometidos por agentes del gobierno. Y las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional fueron un problema.
Detalla que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos más de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021.
Además, de que la Procuraduría General de la República había reportado hasta octubre que la policía había asesinado a un total de 41 personas. Pero, desconocía el número exacto de esas ejecuciones extrajudiciales.
Los resultados también resaltan que “los medios de comunicación y la sociedad civil reconocieron que muchos casos de abusos policiales no se denunciaban. Esto por la falta de confianza en el sistema de justicia a la hora de presentar cargos”.
Entre los casos que menciona el informe se encuentran el asesinato de la pareja de pastores en Villa Altagracia y el de Leslie Rosado. Ambos casos a mano de agentes de la uniformada en el año 2021.
Violación de los derechos humanos en cárceles del viejo modelo
El informe de la situación de los derechos humanos en el país, también denuncia que las condiciones penitenciarias por “la sobrepoblación sigue siendo un grave problema”.
“En el sistema penitenciario del viejo modelo, los reclusos que eran policías y militares recibían un trato preferencial. Y eran recluidos en instalaciones separadas. Al igual que los reclusos con medios económicos para alquilar camas preferenciales y comprar lujos.
“Las denuncias de malos tratos y violencia en las prisiones del antiguo modelo eran habituales. Así como los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados a los visitantes. Algunas prisiones del viejo modelo permanecían efectivamente fuera del control de las autoridades, ya que los guardias a menudo sólo controlan el perímetro. Mientras que los reclusos controlaban el interior con sus propias reglas y sistemas de justicia”, detalla el informe.
Otras irregularidades en las cárceles es que “se informó sobre el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución y los abusos sexuales en esas prisiones. Las condiciones sanitarias y de salud eran generalmente inadecuadas. Los presos a menudo duermen en el suelo porque no hay camas disponibles. Los funcionarios de prisiones no separaban a los reclusos enfermos, salvo en el caso de los que presentaban síntomas de COVID-19”.
Asimismo, indica que “las atenciones a los enfermos se realizan con tardanza, tanto en el nuevo como en el viejo modelo carcelario. En la mayoría de los casos, los reclusos tenían que comprar sus propios medicamentos o depender de familiares o a personas externas para que se los proporcionaran”.
Reconoce que el gobierno permitió visitas supervisadas a las cárceles de organizaciones que trabajan con derechos humanos. Sin embargo, denuncia que no las concedió a los centros de detención de migrantes.
Revela que en octubre, más de 1.800 reclusos habían contraído COVID-19, lo que provocó 22 muertes.
Denuncia de arrestos ilegales
Denuncia que aunque la ley establece que un recluso no debe permanecer más de 48 horas detenidos sin presentarles cargos. Existen informes de detenidos que permanecen en las comisarías durante largos periodos de tiempo, incluso semanas.
Al tiempo de alertar de que esos destacamentos no disponían de las condiciones físicas adecuadas. Ni de los recursos para atender a los detenidos por tiempo prolongado.
Reconoce que en la República Dominicana se aplica con éxito las audiencias de habeas corpus. Y que estas redujeron significativamente los abusos de la ley. Además, reconoce que existe un sistema de fianza que funciona y un sistema de arresto domiciliario.
Ministerio Público independiente
El Departamento de Estado reconoce que el gobierno de Luis Abinader respeta la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial. Contrario a lo que ocurría en años anteriores.
“En comparación con años anteriores, los observadores independientes señalaron que por lo general el gobierno respetaba la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. El presidente respetó la independencia de la Procuraduría General y dio instrucciones a los altos funcionarios para que hicieran lo mismo.
Además, el informe observa que el Poder Judicial comenzó a investigar casos de corrupción y narcotráfico de alto nivel. Incluidos casos que involucraban a aliados del gobierno.
Corrupción sigue siendo un problema grave
El informe relata que aunque en el mandato del presidente Abinader, la Procuraduría inició una serie de casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias. Esos en su mayoría de la administración anterior, y de miembros de la administración actual. Sin embargo, la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave.
Quejas de abogados al Poder Judicial
El informe de la situación de los Derechos Humanos también resalta que la sociedad civil y los abogados se quejaron de la acumulación de casos en la justicia por la aplicación de la virtualidad. Y de lo que consideraban retrasos indebidos en los procesos.
Reconocen que esas denuncias dejaron de ser una preocupación, cuando los tribunales reanudaron los servicios y las audiencias en persona. A finales de año 2021.
Empero, denuncia que los tribunales comerciales y civiles tardan mucho en resolver los casos, aunque sus decisiones finales suelen cumplirse. Resalta que al igual que en los tribunales penales, la influencia política y económica en las decisiones sigue siendo un problema. Aunque menos por parte de las personas designadas por el Poder Ejecutivo.
Situación de los inmigrantes haitianos
El Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe denuncia que en los casos de migrantes haitianos y sus hijos. Así como de dominicanos de ascendencia haitiana fueron detenidos y deportados. Esto porque las autoridades no les permitieron recuperar los documentos en sus residencias.
También hubo informes de deportaciones de niños no acompañados y de mujeres que dejaron a sus hijos atrás.
Sin embargo, reconoce que las deportaciones erróneas de personas documentadas y vulnerables disminuyeron en casi un 60% en los últimos cuatro años.
“Los datos de la Organización Internacional de las Migraciones correspondientes a los meses de enero a julio mostraban una reducción de las deportaciones erróneas. Pero advirtieron que las deportaciones erróneas habían aumentado desde julio, tras el asesinato del presidente haitiano Moise. Y el aumento de las medidas de seguridad fronteriza y las deportaciones por parte de la República Dominicana”.
Denuncian negación de servicios de salud a parturientas haitianas
El referido informe resalta también que hubo discriminación y perjuicios raciales contra personas de tez oscura, haitianas o percibidas como haitianas. Con la negación de los servicios de atención sanitaria y documentación a las personas de ascendencia haitiana y a los migrantes haitianos.
Además, condena de que en noviembre, el país comenzó a deportar a las haitianas embarazadas y a las personas de origen haitiano que habían dado a luz recientemente. Como parte de las “políticas migratorias recién instituidas para frenar la prevalencia de inmigrantes indocumentados”.
Asimismo, la policía habría detenido a ciudadanos de ascendencia haitiana para su deportación o para la comisión de supuestos delitos. Basándose en el color de su piel, su acento, su lugar de residencia o su nombre. Además, se impedía “sistemáticamente a los ciudadanos de ascendencia haitiana aparcar sus vehículos o utilizar el baño”.
Reconoce protección a inmigrantes venezolanos
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció los esfuerzos del gobierno de Abinader para regularizar el estatus migratorios de miles de venezolanos ilegales en territorio dominicano.
“El 22 de enero, el gobierno anunció un plan para regularizar la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos que residían en el país en situación migratoria irregular. El gobierno permitió que los solicitantes se presentaran con pasaportes venezolanos vencidos. Aproximadamente 43.000 personas se registraron”, relata.
Sin embargo, el informe de situación de los derechos humanos coloca una nota que advierte que el gobierno negó asilo a personas potencialmente necesitadas de protección internacional. Y que posteriormente fueron deportadas a sus países.
Otras denuncias del informe
El Departamento de Estado de EE.UU. en su informe de situación de los derechos humanos en dominicana reconoce los avances alcanzados en matrimonio infantil, forzado y prematuro. Por la aprobación en diciembre del 2020 por parte del Congreso de la ley que prohíbe el matrimonio de los menores de 18 años. La ley entró en vigor en enero.
Sin embargo, indica que en términos laborales, un informe del Ministerio de Economía de 2019 mostró que la brecha salarial laboral por hora entre hombres y mujeres siguió aumentando. Entre 2014 y 2020, en promedio las mujeres recibieron un 16,7% menos de salario que los hombres. Los datos son de la Oficina Nacional de Estadísticas.
Sobre delitos electorales, el análisis indica que en las elecciones municipales y presidenciales del 2020, los observadores de la OEA y los nacionales observaron la existencia de una amplia campaña política ilegal. Indicios de compra de votos, falta de transparencia financiera por parte de los partidos políticos y los candidatos. Y uso ilegal de fondos públicos durante la campaña. Pero, en la mayoría de esos delitos electorales no fueron sometidos a la justicia.
Conclusiones del informe
Finalmente, concluye que el gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción. Pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley condujo en ocasiones a la impunidad.
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Por: Alba Nely Familia
