El doctor Pedro Luis Castellanos aseguró hoy que la penalización absoluta de la interrupción del embarazo sería violatorio a derechos elementales de la mujer sobre su vida y su salud.
“Desde una perspectiva de salud pública, podría contribuir a incrementar el aborto clandestino y la mortalidad materna, y tendría un efecto negativo sobre la salud de las mujeres afectadas”, afirmó el especialista en salud pública y epidemiología.
En ese sentido, defendió las observaciones hechas por el presidente Danilo Medina al Código Penal.
El doctor Pedro Luis Castellanos llamó a los congresistas a aprovechar la oportunidad que brindan las observaciones del presidente Danilo Medina al Código Penal para mejorar la pieza y hacerla más coherente con la Constitución vigente.
“Aprovechemos la oportunidad que ha abierto el señor Presidente para precisar mejor las circunstancias de excepción en las tres situaciones definidas y tendremos un mejor Código Penal, que dará una mayor contribución a la unidad en la diversidad y a la paz social, además de la salud de las mujeres y de sus hijos y sobre todo más vinculado al respeto a los derechos humanos”, precisó el galeno.
El doctor Pedro Luis Castellanos expresó su convicción de que ningún estado democrático y de derecho puede imponer convicciones religiosas por vía penal.
“Respetamos la libertad que tienen quienes consideran que debe penalizarse toda interrupción de embarazaos, aun en situaciones que comprometen la vida o la salud de la madre, basados en convicciones de carácter religioso, pero ningún estado democrático y de derechos puede imponer convicciones religiosas por vía penal”, señaló.
Indicó que esto podría ser un precedente lamentable en una sociedad plural en cuanto a prédicas y prácticas religiosas y podría abrir camino a otros intentos restrictivos de derechos por vía penal, en otros aspectos de la vida.
El también director de Programas Especiales de la Presidencia invitó a la reflexión en torno a este tema.
“Para un estado democrático y de derechos no es un asunto religioso sino de derechos humanos. Cada persona, familia o comunidad tiene derecho a practicar sus creencias y convicciones con honestidad y coherencia. Pero se trata de un asunto de salud y de derecho. Un estado no puede imponer a sus ciudadanos por la vía penal, asumir riesgos de muerte o de serios trastornos de salud, por razones exclusivamente ideológicas o religiosas”, aseveró.
