SANTO DOMINGO, RD.-El Ministerio Público dio a conocer a 26 nuevas personas a las que vincula con el expediente que han denominado Operación Calamar, varios de ellos exfuncionarios de Hacienda.
Indica que desde ese Ministerio utilizaban sus posiciones para desarrollar una estructura mafiosa con los juegos de azar.
Además de los exministros Donald Guerrero, de Hacienda; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, los fiscales también incluyeron a Julián Omar Fernández, Princesa García Medina, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Omar Manuel Miqui, Rosa Arias, Agustín Mejía Ávila y Marino Enrique Cabrera.
En los allanamientos practicados por el ministerio Público al encartado en la Operación Calamar, Julián Omar Fernández Figueroa, exdirector de Casinos y Juegos de Azar, se incautaron de múltiples contratos para las instalaciones de máquinas tragamonedas con los principales consorcios de bancas deportivas, en fecha posteriores a cuando cesó en el cargo, en el 2020.
Además, le fue retenida una exquisita colección de relojes lujosos, de las más afamadas marcas a nivel internacionalNombrada directora Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda en el año 2017 y permaneciendo en el cargo hasta el 2020, Princesa Alexandra García no se limitó a las funciones que demandaba la posición durante la administración del ministro Ángel Donald Guerrero Ortiz.
En el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso Calamar, el Ministerio Público describe a García como alguien a entera disposición de la máxima autoridad de la institución, quien actuando bajo sus directrices obviaba los procedimientos y todas normas establecidas en su cargo, a pesar de ser advertida por la vía oral y escrita en reiteradas ocasiones por técnicos bajo su dirección.
Durante el allanamiento realizado por el Ministerio Público dentro de la operación Calamar a la residencia del imputado Oscar Arturo Chalas Guerrero, se le ocupó diversos elementos, entre los que se destacan un organigrama de “cuotas sociales” de bancas de lotería y de sus propietarios de bancas, así como otras pruebas importantes.
El abogado Ángel Lockward y a Agustín Mejía Ávila, se les acusa de intimidar miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de la República y atacar el Informe Especial de Investigación sobre pagos y libramientos elaborados, por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado, y conseguir el pago ilegal de las sumas pendiente de entrega a la presunta estructura de corrupción.
Este hombre se habría asociado con los investigados Ramón David Hernández y Yajaira Encarnación Brito realizando maniobras fraudulentas para la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A y Desarrollos Rurales S.A, pasándolas a su nombre.
