El abogado penalista Pedro Balbuena cuestionó la forma en que se aplica el principio del plazo razonable en los procesos penales de la República Dominicana, al advertir que la flexibilidad judicial en su interpretación puede vaciar de contenido una de las garantías fundamentales del debido proceso.
Balbuena recordó que, antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, los procesos no tenían límites temporales claros, lo que provocó graves injusticias, incluyendo personas que permanecieron hasta una década en prisión preventiva sin una sentencia definitiva. En ese sentido, destacó que la fijación de plazos legales fue una conquista orientada a frenar los abusos del poder punitivo del Estado.
Sin embargo, señaló que durante años los tribunales ignoraron esas disposiciones, apelando a criterios discrecionales para extender los procesos más allá de los límites establecidos por la ley, lo que, a su juicio, contradice el espíritu garantista del sistema penal moderno.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p. m., donde analizó a fondo los desafíos del sistema judicial dominicano en casos de alto perfil público.
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Plazo razonable no es una formalidad, sino un “permiso temporal”
El exmagistrado explicó que el plazo razonable no es una formalidad, sino un “permiso temporal” que el Estado tiene para perseguir penalmente a una persona, y que, una vez vencido ese plazo, la persecución debería cesar automáticamente. Afirmó que permitir extensiones sin límites claros equivale a negar una garantía constitucional.
Balbuena también rechazó la narrativa que acusa a la defensa de dilatar intencionalmente los procesos. Considera que una defensa activa es parte esencial de un juicio justo. Indicó que no se puede responsabilizar a los abogados por ejercer los mecanismos legales disponibles para proteger los derechos de sus representados.
Casos con expedientes de miles de páginas y decenas de imputados
Asimismo, cuestionó la forma en que el Ministerio Público estructura los llamados “macroprocesos”, con expedientes de miles de páginas y decenas de imputados. Lo que, según dijo, hace prácticamente imposible que los casos se conozcan dentro de los plazos legales.
En cuanto al uso de delaciones premiadas, advirtió que estas no pueden constituir por sí solas prueba suficiente para una condena. Señaló que esto es especialmente crítico cuando existen contradicciones evidentes en las versiones ofrecidas por los declarantes. Además, destacó que no se debe ignorar el cumplimiento del procedimiento legal del criterio de oportunidad validado por un juez.
Finalmente, Balbuena sostuvo que el respeto al plazo razonable es indispensable para preservar la coherencia del sistema judicial. También destacó la importancia de cumplir con las reglas probatorias. Advirtió que esto evita que la presión mediática sustituya a la justicia.