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PC denuncia falta de fiscalización en contratos con PNUD

PC denuncia falta de fiscalización en contratos con PNUD
PC denuncia falta de fiscalización en contratos con PNUD

Santo Domingo, R.D.- El Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) denunció falta de control y fiscalización de los contratos entre instituciones públicas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La coordinadora de la entidad, Leydi Blanco, resaltó que es una debilidad institucional que no haya registro sobre las compras que se hacen a través de ese organismo internacional.
“No hay nada, si tú haces una búsqueda no puedes tener informaciones sobre compras y contrataciones que se hacen con el PNUD, no hay registro”, resaltó Blanco.

Asimismo, entiende que desde el Congreso debe existir fiscalización de los contratos firmados con el PNUD.

“Hacemos también un llamado al Congreso, porque tampoco el congreso fiscaliza ni los préstamos, ni las ejecuciones, ni los servicios ni los contratos que se ofrecen con los trabajos del PNUD y esa es una responsabilidad que recae sobre el congreso de la republica”.

Otra preocupación del movimiento cívico es que la ley de compras y contrataciones el PNUD y organismos a fines están exentos de cumplirla, porque no hay nada que regule las compras y contrataciones a través de organismos internacionales.

Las consideraciones de la representante de Participación Ciudadana se produjeron en una entrevista en el Reporte Especial con Julissa Céspedes que ha denunciado irregularidades en contratos del Gobierno con el PNUD.

Denuncia contra acuerdo PNUD y Poder Judicial

A finales del 2017 el Consejo del Poder Judicial adquirió los terrenos en los que se aloja el antiguo Hotel Cervantes por un monto de 144 millones de pesos.

Esas instalaciones albergaría el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas para el funcionamiento de 13 tribunales de tres jurisdicciones que operan el Distrito Nacional.
Carlos Velez, gerente de Constructora Vélez y Sánchez SRL (CONVESA), dijo que su empresa resultó adjudicataria de la referida construcción a través de una licitación que convocó el Consejo del Poder Judicial a través del PNUD.

Indicó que desde el principio comenzaron a tener inconvenientes con el proyecto porque los planos entregados por el Poder Judicial estaban incompletos.

“No había planos dimensionados, secciones, detalles estructurales, no había prácticamente nada. Nosotros hicimos una licitación basándonos en la estructura de presupuesto que ellos hicieron”, explico Vélez.

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Entre los adicionales que se solicitaron desde el Poder Judicial estaba: Remozamientos estructurales, aumento de tamaño de huecos para ascensores.

Además, cambios de tuberías, colación de fibra acústica, ampliaciones, entre otros.

“El departamento de infraestructura nos asignó un personal. Incluso, ese personal fue haciendo los planos a medida que nosotros íbamos haciendo las demoliciones. Mismas que eran marcadas por ellos mismos”, puntualizó el representante de CONVESA.

El monto de la adjudicación de acuerdo con el contrato identificado como LRN-CPJ-03-2017 fue de 103 millones 434 mil 623 pesos.

Contratos con el CODIA

Pero, debido a los constantes cambios se solicitó un adicional de 25 millones 47 mil 27 pesos. Para que la compañía constructora recibiera estos adicionales, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA presentó una auditoria.

“Cuando nosotros sometemos lo adicional, la primera partida de adicionales rondaba en los $25millones en marzo del 2019. A solicitud de nosotros, se adentró en el proceso de auditar la obra, se había solicitado una auditoria privada. Pero después se decidió que la hiciera el CODIA”, explicaron.

Asimismo, indicó que “el resultado de la auditoria fue favorable a lo que nosotros habíamos entregado. Además, decía que lo que nosotros habíamos entregado era lo que estaba hecho en la realidad”.

El peritaje efectuado por el Codia entre el 14 y el 16 de marzo del 2019 arrojó que los todos adicionales “fueron necesarios y justificados”, lo que permitió el pago parcial a la empresa constructora.

Cuando el Consejo del Poder Judicial presentaría la auditoría realizada por el CODIA, la misma fue suspendida. Esto debido a que se encontraban en las vísperas del cambio del Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Al momento de paralizada la obra, está estaba en un 90% de su terminación.

Además de un edificio de parqueo de 4 niveles, obra en la cual también resultó adjudicada Constructora Vélez y Sánchez SRL por un monto total de 86 millones 97 mil 47 pesos.

Los parqueos están en un 50% de terminación.

Es decir, que la obra que prometía ser un paso de avance para el sistema judicial está detenida y sin fecha de entrega, funcionando como un costoso depósito.

Visita del presidente SCJ a la referida obra

La visita del Presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, fue el día 13 de abril del 2019 a unos pocos días de resultar electo al cargo.

Luego el lunes 15 de abril se apersona a la obra el Ingeniero Franco Gómez Ramírez, Director General de Epsa Labco, en el entiendo de que él iba a auditar la obra. Esto así porque entendíamos que aparte de la Suprema la persona más idónea para colaborarle a ellos (Ingeniero Franco Gómez) éramos nosotros , reveló Vélez.

Acuerdo con el PNUD para licitar la obra

Exactamente 21 días después de la visita del Director General Epsa Labco, el Consejo del Poder Judicial suscribió un acuerdo de acompañamiento con el PNUD. El convenio se realizó para el proceso de desarrollo estratégico y de reforma integral del Poder Judicial.

Esto también incorporando las Tecnologías de la Información y Comunicación por un monto total de 9 millones 222 mil 711 dólares que son unos 461 millones 135 mil 550 de pesos.

Así lo establece la enmienda número 5 que le realizaron al contrato. Cabe destacar que el monto inicial de este proyecto fue de 200 mil dólares que a peso dominicano.

Pocos meses después que el PNUD y el Poder Judicial firmarán el convenio, estos colgaron en su página web un llamado a licitación. Esto para la “Auditoría Obra Civil Edificio Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas”.

La convocatoria fue publicada por el organismo internacional el 24 de julio 2019, y fue adjudicada el 7 de noviembre a la empresa de consultoría EPSA LABCO.

La adjudicación se hizo por 119 mil 910 dólares, que son unos 6 millones 595 mil 50 pesos. La firma del convenio se efectuó el 18 de septiembre.

Recordemos que el director general de esta empresa es Franco Gómez Ramírez, la misma persona que habría ido a la obra 8 meses antes.

Demanda contra CONVESA

El Consejo del Poder Judicial el 24 de marzo del 2021 sometió una demanda de resolución de contratos, y al pagó de 843 millones, 43 mil 908 pesos por supuestos daños y perjuicios.

La demanda establece que esos daños se ocasionaron al Estado Dominicano durante la ejecución de los dos contratos en los que resultó adjudicatario CONVESA.

El sustento de la demanda es la auditoría realizada por EPSA LABCO empresa contratada por el PNUD.

Los trabajo desarrollados por EPSA LABCO incluyen un estudio de Impacto Vehicular; revisión al cumplimiento de las normativas vigentes en los diseños arquitectónicos.

Además, evaluación de vulnerabilidad estructural, planos sanitarios, entre otras cuestiones que se auditaron. Incluso, de acuerdo con la empresa CONVESA no formaba parte del contrato.

Es la misma auditoría realizada por Epsa Labco que establece que los planos entregados por la Suprema Corte de Justicias tenían un nivel insuficiencia de detalles.

De igual manera, establece que los riesgos asociados a deficiencia de diseño y falta de especificaciones técnicas no son imputables al contratista.

En el mismo resumen de auditoria la empresa le recomienda al Poder Judicial la venta de los terrenos en los que hay una inversión mayor a los 400 millones de pesos.

Más contenido por Juan Ulises De La Cruz Lluberes

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