Santo Domingo, RD. – Un conjunto de más de 20 entidades sociales expresó su desaprobación ante el proyecto de reforma del Código Penal aprobado recientemente por la Cámara de Diputados. Las organizaciones instaron al Senado de la República Dominicana a revisar y modificar los artículos conflictivos con la Constitución en el Código Penal. Esto se hace con el fin de evitar que esta normativa sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Las agrupaciones cuestionaron que el texto legislativo del Código Penal mantiene una permisividad frente a la violencia ejercida contra niños y niñas. Esto ocurre al excluir de la tipificación de violencia intrafamiliar las agresiones con fines disciplinarios. Esta exclusión, afirman, constituye una vulneración de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, derechos amparados por la Constitución dominicana. También por la Convención sobre los Derechos del Niño, de carácter internacional.
Otro punto señalado por los colectivos fue la inclusión del delito de ultraje. Según manifestaron, esto podría afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el principio de legalidad. Igualmente, expresaron preocupación por la penalización de la divulgación de grabaciones sin consentimiento. Esto podría chocar con el derecho a la información y al interés público, especialmente cuando se trata de denunciar abusos policiales evidenciados mediante videos difundidos en redes sociales o medios de comunicación.
Críticas por ambigüedad legal y exclusiones constitucionales
Las organizaciones también cuestionaron la definición del delito de espionaje dentro del Código Penal. Consideran que el uso de términos vagos podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias. Denunciaron que la ley no establece con claridad qué se considera un “interés fundamental”. Tampoco especifica qué se entiende por “información confidencial” ni elementos clave como el dolo. Esta falta de precisión podría facilitar persecuciones por motivos políticos.
Uno de los puntos más debatidos fue la exclusión de las tres causales del aborto en el Código Penal. Según los colectivos, esta omisión contradice derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, la salud, la dignidad y la integridad personal. Esta omisión continúa siendo un tema de alta sensibilidad en el debate legal y social del país.
Si bien reconocieron que los diputados realizaron esfuerzos significativos para mejorar el proyecto, incluso tras prolongadas jornadas de trabajo, incluyendo una sesión de más de 10 horas. Sin embargo, las organizaciones consideran que las reformas alcanzadas en el Código Penal siguen siendo insuficientes. La insuficiencia es para asegurar una protección efectiva de los derechos ciudadanos y para combatir con firmeza la corrupción, independientemente de quién la cometa.
Preocupaciones por impunidad y limitaciones en el combate a la corrupción
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto aprobado del Código Penal es el establecimiento de un límite temporal para la persecución judicial de los delitos de corrupción. Las organizaciones advirtieron que esta disposición podría abrir una vía para la impunidad, especialmente en casos que requieren investigaciones complejas y de largo plazo.
Asimismo, reprocharon que la iniciativa legislativa excluya de responsabilidad penal a ciertas entidades como las iglesias, los ayuntamientos, los partidos políticos y otras instituciones públicas. Esta disposición fue calificada como una concesión que debilita la rendición de cuentas en el ejercicio de funciones públicas.
En lo relativo a los delitos sexuales, criticaron que el texto solo reconozca como violación dentro de una relación de pareja aquellas situaciones donde haya evidencia de violencia física o la víctima haya sido drogada previamente. Esta limitación, señalan, reduce la posibilidad de sancionar múltiples formas de violencia sexual dentro del ámbito conyugal o de pareja.
Próximo paso: revisión en el Senado
El proyecto de Código Penal será remitido ahora al Senado para su evaluación. De no introducirse modificaciones, el texto se considerará aprobado por el Congreso Nacional y pasará a manos del presidente Luis Abinader. Él deberá decidir entre promulgar la ley tal como está o introducir cambios antes de su eventual promulgación.
El pronunciamiento fue realizado a través de un comunicado firmado por las siguientes entidades: Coalición Podemos, Red Urbano Popular, Coordinadora Nacional Popular, Instituto de Género y Familia de la UASD, Federación Sindical Mundial Capítulo Dominicano, Coalición por la Seguridad Social Digna, Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, Udemu, Conamuca, Cipaf, Núcleo de Apoyo a la Mujer, CeMujer, Cosalup, Cudem, Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Asociación de Trabajadoras del Hogar, Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal, Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres y la Fundación Expresiones Artes Salud y Género.
