Santo Domingo, RD. – Han pasado diez días desde que el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos simultáneos en varias provincias del país, como parte de la denominada operación Gavilán.
Con estos allanamientos habrían desarticulado una supuesta red que se dedicó durante años a alterar y eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Según el órgano persecutor, el grupo criminal estaba conformado por fiscales, empleados administrativos de la Procuraduría y la Fiscalía del Distrito Nacional y agentes de la Policía Nacional.
La información ha despertado el temor de dominicanos que residen en el extranjero. Inclusive, los que tienen años sin visitar el país.
«Si quitaban, también ponían»
La lógica de estos es que, así como quitaban fichas a culpables, se las ponían a inocentes.
Durante décadas, la aparición de fichas judiciales a personas que nunca habían tenido conflicto con la ley, algo que se comentaba y adjudicaba a leyenda urbanas, hoy parece tener sentido, según dominicanos que, buscando una mejor vida emigraron a otras tierras.
Uno de los consultados es Ramón Luna, un quisqueyano oriundo de San Cristóbal que tiene más de 15 años viviendo en Londres.
Entrevistado en el programa radial Enterados, Luna dijo que su mayor temor en estos momentos es llegar al país con su familia y ser detenido en el aeropuerto por un caso desconocido para él.
El programa Enterados se transmite los sábados de 7 a 9 por CDN Radio.
Muchos dominicanos que residimos en el extranjero, antes de ir a la República Dominicana llamamos a un amigo y le enviamos la cédula para que investigue que no tenemos problemas
Ramón Luna
Dijo además, que esta situación le resta veracidad a documentos de buena conducta que pudiera emitir la el país a un ciudadano para fines de tramites internacionales.
Beneficiados por red Gavilán
Según el expediente acusatorio, la supuesta red cobraba entre ocho mil y 15 mil pesos para borrar o alterar registros penales.
En la audiencia de conocimiento de medida de coerción uno de los encartados declaró que entre los beneficiados se encuentra Adrián Donato Salcedo Rosario, mejor conocido como Cristian Casablanca.
Días anteriores, también había salido a relucir el nombre de Joel Ambioris Pimentel García (conocido como «la J»). Fue señalado como la persona que amenazó al hijo de la procuradora general, Miriam Germán Brito.
Algunas de las fichas de «la J» tuvieron modificaciones en los dígitos de su cédula. Mientras que, en otros casos, como en la ficha correspondiente a la DNCD, se reemplazaron los números por ceros.
A «la J» se le atribuyen crímenes de asesinato y narcotráfico.
También se menciona a José Hamilton Ureña, conocido como «Nino Come Mezcla». Este, junto con «la J», está acusado en la Operación Halcón IV por sicariato y narcotráfico. En uno de sus registros de antecedentes penales, su número de cédula solo contiene ceros.
Otro favorecido es Alejandro Vidal, quien fue condenado a 30 años por narcotráfico y asesinato, y su número de cédula aparece únicamente con cuatro «kkkk».
