La posibilidad de un juicio político que forzaría la destitución del pleno de la Cámara de Cuentas mantiene un tranque en el Congreso Nacional. Mientras se mantienen divididas las opiniones de los diferentes sectores de la sociedad.
Atienden sus obligaciones laborales de manera habitual. La preocupación por la crisis que envuelve a la institución para la que trabajan no se refleja, pero ninguno está ajeno a lo que ocurre.
La función a lo interno de la Cámara de Cuentas se ha visto poco afectada por la posibilidad de un juicio político que resulte en la destitución de su dirigencia.
Desde el departamento de comunicaciones del órgano de control aseguran que justo este lunes se celebró pleno, se realizan entrenamientos de auditores y todo trascurre con normalidad.
El torbellino parece estar más afuera que adentro. Al debate sobre si ese pleno debe judicializarse o no, se suman las confraternidades de pastores evangélicos.
Los diputados han convocado una sesión para la próxima semana, pero con la oposición en disidencia. Los números del oficialismo para aprobar la solicitud de un juicio político ante el Senado no son suficientes.
Mientras esto ocurre, en la sede de la Cámara de Cuentas, además de los empleados, cada día llegan ciudadanos a realizar declaraciones juradas y otros trámites a pesar de la incertidumbre que amenaza su funcionamiento.