Las medidas fiscales propuestas por Hacienda no constituyen una reforma tributaria. Para que realmente lleguen a serlo, las disposiciones deben suponer una reestructuración del sistema impositivo capaz de convertirlo en más neutral —esto es, menos distorsionador de las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción de los agentes económicos—, más justo —garante de la equidad vertical y horizontal— y dotado de eficiencia recaudatoria.
El gobierno reconoce que en la coyuntura actual no es posible llevar a cabo una reforma tributaria que implique modificaciones de las tasas y exenciones de las figuras impositivas de amplia base, como el impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
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Las disposiciones tributarias presentadas tienen una capacidad recaudatoria limitada, pues se proyecta ingresar poco más de 40 mil millones de pesos. Las autoridades tienen especial interés en que sean los contribuyentes más ricos quienes colaboren más con ese aporte fiscal. La decisión se justifica debido a que el 20% de la población con mayores ingresos se beneficia de una suma equivalente a casi el 50% del subsidio total a los combustibles.
El aumento de las tasas de impuesto sobre la renta para los grandes contribuyentes, aunque sea una medida distorsionadora de las decisiones de los agentes económicos, favorece la equidad tributaria, siempre y cuando no provoque un incremento de la evasión de impuestos.