MP presentará coerción contra Carlos Mosquea, implicado en caso Falcón

Santiago, RD.- El Ministerio Público informó que solicitará 18 meses de prisión preventiva contra Juan Carlos Mosquea Eduardo, arrestado durante los allanamientos de la denominada Operación Falcón.

El órgano acusó a Mosquea Eduardo de prestar su nombre para comprar propiedades y administrar las empresas de su hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco.

Además reveló que este ultimo es conocido como Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite.

Asimismo, explicó que el detenido estaba prófugo al igual que otros implicados en la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada.

A Mosquea Eduardo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos y violación a la ley que regula el porte y tenencia de armas de fuego.

 Juan Carlos Mosquea y otros implicados

En ese sentido, la jueza Iris Borges de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, conoce medidas de coerción contra María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa).

Igualmente a Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo).

También, a Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.

Del mismo modo contra José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta.

Igual que a Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez.

Contra José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán,

Por último a Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.

En cambio, la medida contra Enerio Rafael Sandoval Valdez será conocida el próximo lunes.

Operación Falcón

Es una acción contra el narcotráfico y el lavado de activos en la República Dominicana. Puesta en marcha por la autoridades junto con el apoyo de organismos estadounidenses.

A través de la cual la Dirección General de Persecución del Ministerio Público realiza allanamientos en todo el país.

Donde participan de 60 fiscales y más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).