Pastores evangélicos expresaron preocupación por la ola de violencia y los feminicidios recientes y pidieron a las autoridades implementar políticas educativas para prevenir nuevos hechos.
El pastor Feliciano Lacen afirmó que mostrar estadísticas y presentar políticas sociales no basta para reducir los feminicidios y la violencia por conflictos.
“No nos dediquemos solamente a hacer estadísticas de cuántas mujeres son, cuántos hombres, cuántos eran policías y cuántos son llamados de intercambio de disparos, porque estamos normalizando y estamos creando una sociedad insensible…”, declaró Feliciano Lacen.
Lacen agregó que hay que dejar los escritorios y los lanzamientos de programas para “salir a la calle, al terreno, para trabajar con la familia” y así bajar los números de violencia.
La pastora Lidia Pérez subrayó la necesidad de consecuencias y de políticas claras, especialmente en materia de feminicidios.
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“Porque si se establecen las normas y las reglas en todos los planes sociales y se establecen los límites, entonces no vamos a tener tantas violencias”, dijo Lidia Pérez.
Otras voces religiosas atribuyen parte del problema a la ausencia de valores religiosos en algunas personas.
Rosa Liriano señaló que algunos hombres “piensan que las mujeres son sus esclavas, que son propiedad exclusiva de ellos” y que, al no soportar la ruptura, recurren a la violencia.
“A veces son tan cobardes como hizo este que él mismo se quitó la vida porque no iba a aguantar quizá la conciencia o la acusación de la sociedad”, relató Rosa Liriano.
Contexto y cifras recientes
En los últimos días, alrededor de siete mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, según la información suministrada en la fuente.
También se han registrado diferentes conflictos sociales que involucran a miembros de la Policía Nacional, según el material fuente.
Los religiosos insisten en combinar acciones en la calle y en la familia con normativas y límites en los programas sociales para enfrentar la violencia.
El llamado de los pastores y pastoras apunta a medidas concretas de intervención comunitaria y a reforzar consecuencias legales y educativas para prevenir más feminicidios.