La nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, junto a su reglamento de aplicación, introduce cambios sustanciales en la gestión contractual del Estado dominicano, entre los que destaca la obligación de contratar la publicidad oficial de manera directa con los medios de comunicación y plataformas debidamente registradas, prohibiendo expresamente la intermediación de agencias publicitarias u otros terceros.
De acuerdo con el nuevo marco normativo, la medida busca fortalecer la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Así como una fiscalización efectiva de cada proceso de contratación, eliminando prácticas que históricamente encarecían los costos de difusión gubernamental.
La legislación establece además una plataforma digital como el único canal oficial para la gestión de las compras estatales. Esto permitirá agilizar los trámites, garantizar mayor trazabilidad y supervisar en tiempo real cada etapa del proceso.
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En ese sentido, el presidente Luis Abinader afirmó que la ley entra en vigencia con carácter obligatorio para todas las instituciones del Estado.
“Cada ministerio, cada dirección y cada órgano público deberá ajustar su gestión contractual a este nuevo marco normativo”, enfatizó el mandatario.
Publicidad oficial
Uno de los cambios que ha generado mayor atención es precisamente el relativo a la publicidad oficial, ya que la contratación directa con los medios elimina las intermediaciones que, según las autoridades, inflaban los costos y limitaban la distribución equitativa de los recursos.
Asimismo, la Ley 47-25 amplía las oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Esto, al establecer reservas presupuestarias que incrementan su participación en los procesos de compras públicas, con especial énfasis en empresas lideradas por mujeres y sectores productivos emergentes.
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El nuevo ordenamiento también incorpora modalidades de contratación más flexibles, como la subasta inversa electrónica y las licitaciones abreviadas. Estas permitirán al Estado responder de manera más ágil a sus necesidades operativas.
Según el Gobierno, esta legislación consolida un modelo de compras públicas orientado al interés general, la eficiencia administrativa y el desarrollo económico sostenible del país.