Según Leonel Fernández, la prolongación del contrato de AERODOM es la forma de financiar la reelección del Presidente Luis Abinader. El pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobó, mediante resolución, la extensión de contrato de esa entidad y el estado dominicano. A pesar de que se había incumplido con lo debido en el reglamento de la cámara baja.
El informe de la comisión especial de dicha compañía se aprobó en ausencia de la oposición. Y se rechazó la solicitud de que el contrato volviera a estudiarse.
El contrato se prolongó con siete años de antelación a su fecha de culminación, por un tiempo adicional de 30 años, terminándose en él 2060. Por lo que, esta empresa controlará la administración y los ingresos de los seis aeropuertos del estado dominicano por los próximos 37 años.
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Luis Abinader fue quien anunció, desde el Palacio Nacional, la prolongación del contrato de AERODOM que estaba para concluir en el 2030. El cual generó una contribución de 775 millones de dólares, que el presidente invertirá en su reelección.
Con esta contribución es notorio que los recursos que esa empresa entregue al estado para obras directas, generará menor inversión en el desarrollo de los aeropuertos.
Contrato con AERODOM no generaba beneficios al estado
Abinader dijo que el contrato original no aportaba beneficios al estado dominicano, siendo una afirmación errónea. Ya que no comprendió que el beneficio de ese de contrato se relaciona con el programa de inversiones que se realiza en infraestructura aeroportuaria. Las cuales están en proporción a los ingresos recibidos por el gestor aeroportuario.
Tomando 775 millones de dólares por adelantado, el presidente frenó el desarrollo futuro de la infraestructura que sirven de base al flujo internacional de pasajeros que viajan al país.
El permiso de los aeropuertos estatales en 1999 se correspondió con planes de mejora de la infraestructura y servicios aeroportuarios requeridos por superar el atraso y deterioro de la planta física y los servicios brindados en ese tiempo.
El estado dominicano, para 1998, convocó a una licitación pública internacional para la concesión de la operación, administración, ampliación y modernización de cuatro aeropuertos internacionales. En ese proceso participaron empresas extranjeras y dominicanas, que presentaron sus ofertas frente un comité de observadores y ante un comité técnico ampliado.
A raíz de todas las ofertas presentadas, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. (AERODOM), fue quien gano esa licitación y, por lo tanto, la que logro suscribir un contrato de concesión aeroportuaria con República Dominicana. Con duración de 20 años, el cual posteriormente se amplió hasta llegar a 30.
A diferencia del proceso original de adjudicación del contrato de concesión aeroportuaria que se hizo mediante licitación pública internacional, sin que hubiese una ley de compras y contrataciones que obligase a hacerlo, la actual renovación del contrato, sin embargo, se hizo de grado a grado.
Actitud maliciosa
Leonel Fernández dijo que para dicha aprobación se utilizó una maniobra maliciosa, con días de anticipación de la renegociación de la concesión, la ley 66-23. Cuyo objetivo consiste en establecer un marco normativo que regule transitoriamente la renovación y modificación de los contratos de concesión suscritos con anterioridad a la ley no. 340-06, del 2006, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. El contrato original se sometió a una licitación pública internacional. Lo más lógico, por consiguiente, es que un gobierno que se vanagloria de considerarse a sí mismo como estandarte de la transparencia, al proceder a una renegociación de dicho contrato, hiciese lo mismo.
Pero no ha sido así. El gobierno ha procurado esquivar la realización de una licitación pública. Sin embargo, para no ser acusado de violar la ley, crea una nueva, cuyo propósito exclusivo es el de modificar el contrato aeroportuario de AERODOM, sin convocar a una licitación pública internacional. En su momento, los congresistas de oposición de alguna manera se imaginaron lo que se estaba urdiendo en la sombra. Mientras se pidió más claridad sobre los detalles de la iniciativa y exigieron un listado de los contratos que serían modificados tras la ejecución de la nueva ley.
La respuesta, sin embargo, fue el silencio. En verdad, no había más que un contrato que mostrar: el de AERODOM. Pero en ese momento no se podía decir, a pesar de tener un año en proceso de negociación. Era alto secreto de Estado. Estaba reservado para que únicamente lo pudiese dar a conocer el presidente de la República.
Y así lo hizo. Urgido de acceder a recursos para financiar su campaña, no podía perder tiempo, ni en comisión especial alguna, ni convocando a vistas públicas, ni en licitaciones, ni en nada que pudiera implicar un estorbo para lograr su objetivo supremo: recursos para la reelección. El próximo paso será que se incorpore dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado. AERODOM.
¡Reelección!
Eso es todo. Y nada más.
