Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, afirmó esta tarde que en las próximas horas el Ministerio Publico estará solicitando a la Suprema Corte de Justicia que designe al juez instructor correspondiente para que sea conocido el caso del diputado Sergio Moya (Gory), quien fue mencionado en el caso Calamar.
Ante la pregunta de los periodistas sobre Gory, Yeni Berenice respondió: «En relación a ese diputado, en las próximas horas el Ministerio Publico estará solicitando el Juez instructor correspondiente.
Se recuerda que como Goris es diputado, si finalmente es sometido por el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia deberá designar a un juez especial para que sea conocido su caso en uno de sus tribunales debido a su jurisdicción privilegiada.
En tanto que el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que todas las personas que resulten involucrados en este caso deberán responder ante la ley sin excepción alguna.
Asimismo, dijo que el Ministerio Público se encuentra conteste con la decisión del tribunal porque acogió la mayoría de sus pedimentos de prisión domiciliara, presentación periódica.
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El diputado Sergio Moya «Gory» es señalado como uno de los jefes del esquema de extorsión a las bancas de apuestas dentro del caso Calamar. Esa es una acusación que comenzó con cuatro delatores en interrogatorios con las autoridades.
Sin embargo, el legislador ha negado esos señalamientos y dijo que si le prueban que había recibido dinero de forma irregular procedería a renunciar a su posición en la cámara baja.
Dijo que tenía más de 30 años de trabajo en el sector de bancas de apuesto y 7 en la vida pública como legislador. Amenazó con demandar en los tribunales a quienes le difamen.
Prisión preventiva contra Donald Guerrero y José Ramón Peralta; arresto domiciliario para Gonzalo Castillo
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso prisión preventiva solo a dos de los 20 implicados en el supuesto entramado de corrupción que habría estafado al Estado con más de 17 mil millones de pesos.
La magistrada, luego de escuchar a las partes durante cinco audiencias, entendió necesaria la prisión, por espacio de 18 meses, para el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero y el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta.
La abogada de Gonzalo Castillo, Laura Acosta, explicó que a su cliente se le impuso prisión domiciliaria, el pago de 20 millones de pesos a través de una compañía aseguradora e impedimento de salidos del país.
Bajo arresto domiciliario y otras medidas subsidiarias también estarán los otros 17 implicados en el caso Calamar, cuyo proceso fue, además, declarado complejo.
Se prevé que una vez sea notificada la resolución, mediante la cual se impusieron las referidas medidas coerción, los enviados a prisión sean trasladados a la cárcel de Najayo y el resto sus respectivas residencias.
